Una de las dos cárceles que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prometió construir a semejanza del ‘modelo Bukele’ implantado en El Salvador costará 52 millones de dólares y sus obras comenzarán en el transcurso de este mes de junio.
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Así lo anticipó en declaraciones al medio televisivo TC, Luis Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (Snai), la agencia penitenciaria del Estado.
Zadumbide detalló que el proceso de construcción de esta cárcel, que se edificará en la costera provincia de Santa Elena, tomará unos 300 días, por lo que su inauguración podría darse en 2025.
La segunda cárcel se había propuesto construir en la amazónica provincia de Pastaza, pero hasta el momento este proyecto estaría suspendido, según indicó recientemente a Nina Radio el gobernador en esa provincia, Rolando Ramos.
“Por el momento el tema de la cárcel está suspendido. Se ha decidido iniciar la cárcel en Santa Elena. Es un tema (el de la prisión en Pastaza) que requiere aproximadamente 60 o 70 millones de dólares”, comentó Ramos.
“En Pastaza todavía no se determina la fecha en la que se va a construir”, agregó el gobernador, quien dijo que el proyecto “es un hecho (y no está cancelado)” porque los recursos para su construcción ya han sido asignados al Snai.
Capacidad de cárceles
Estas dos nuevas cárceles tendrán capacidad para 736 presos, lejos de los 40.000 reos que el Gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que puede albergar su prisión estrella, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en el que están recluidos miles de pandilleros.
Ambos recintos contarán con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral y autogeneración eléctrica, aspectos inéditos en las actuales prisiones ecuatorianas.
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En esas dos cárceles, Noboa pretende recluir a los líderes de las bandas criminales para así recuperar el control del resto de cárceles, muchas de ellas dominadas internamente por estos grupos delincuenciales hasta que a inicios de año Noboa ordenó la militarización los recintos carcelarios.
Entre 2021 y 2023 murieron asesinados en las cárceles más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales.
El ingreso de las Fuerzas Armadas a las cárceles se dio como parte de un estado de excepción decretado por Noboa para combatir al crimen organizado, al que se le atribuye el ague de la violencia criminal, que ha llevado a Ecuador a figurar entre los países más violentos de Latinoamérica.
Noboa elevó al mismo tiempo la lucha contra las bandas criminales a la categoríad de “conflicto armado interno”, por lo que el Gobierno pasó a catalogar a estos grupos como terroristas y actores beligerantes no estatales.
