En medio de los acontecimientos que atraviesa el país, el presidente Daniel Noboa emitió un pronunciamiento sobre Jorge Glas. Lo último que se ha conocido del exvicepresidente es que fue trasladado hacia una casa de salud debido a una presunta sobredosis de medicamentos aún no confirmado por las autoridades penitenciarias.
PUBLICIDAD
El ingreso de policías a la Embajada de México para detener a Glas y la ruptura de relaciones diplomáticas de Mexico con Ecuador, mantiene en tensión la política nacional e internacional. Además, ello ha sido criticado por varios sectores pero ha sido justificado por el Gobierno actual, aludiendo que había información que se fugaría tras recibir asilo político.
<b>“Los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedente que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional".</b>
Noboa, en su carta, explicó que su Gobierno no podía permitir que se asile “a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves (...) o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes”.
Criticó que “unos políticos ecuatorianos caducos”, han solicitado a México que declare la guerra a Ecuador, y a la comunidad internacional emita sanciones económicas, un hecho que calificó de “traición a la Patria”.
“Nos estamos jugando el país, y todas estas criticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los Ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la Consulta Popular”.
Recordó que Ecuador es un país de justicia, que “respeta a todas las naciones y el derecho internacional”.
Abierto al diálogo
Ante la ruptura diplomática con México, Noboa expresó que siempre estará dispuesto a resolver cualquier diferencia, “pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos”.
Antes de que Glas solicitara asilo a México, ya estaba imputado por un presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el fuerte terremoto de 2016.
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, ya que fue rechazada su solicitud de acceder al beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’ tras haber cumplido ya en prisión cerca de cinco años, entre 2017 y 2022.
