Para este 22 de febrero, elpresidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a la reinstalación de la sesión 900 del pleno para viabilizar las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Entre las reforma se aprobó un proyecto que abarca un conjunto de reformas destinado a fortalecer la seguridad integral, entre las que se halla el endurecimiento de penas para las extorsiones denominadas como las “vacunas”.
Cuando la extorsión es de manera periódica o repetitiva limitando el normal desarrollo de las actividades habituales, profesionales o económicas de la víctima, será sancionada con prisión de 10 a 13 años.
En una entrevista con el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Otto Vera, señaló que con la ‘ley antivacunas’, busca que las víctimas de este delito no deban firmar para hacer la denuncia respectiva.
“En la actualidad qué persona va a poner su firma para denunciar a un extorsionador que mañana sale en libertad y lo van a ir a amenazar de nuevo. Con la ‘Ley antivacunas’, la persona tiene otras alternativas para denunciar en reserva, mediante código alfanuméricos”, explicó e asambleísta.
Además, el extorsionador no tendrá medidas sustitutivas. “Una vez que el extorsionador es capturado en flagrancia o tras la investigación, no tendrá medidas sustitutivas. En la actualidad, los delitos menos de 5 años se puede dar una medida sustitutiva. Por extorsión ya no son menos de 5 años y si hay agravantes las penas se incrementan. Tendrá que cumplir la totalidad de la pena en a cárcel”, indicó Vera.
Dentro de la “ley antivacunas” también hay un articulado que permite el fortalecimiento del sistema penitenciario. “En el actual Código Integral Penal, el único que no puede hacer uso legítimo de la fuerza es el guía penitenciario, eso también estamos reformando como parte de la ley antivacunas”.
