Este martes 30 de enero de 2024, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó los resultados globales, regionales y nacionales del Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 (IPC) desarrollado por Transparencia Internacional.
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Este ranking clasifica 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, basándose en 13 evaluaciones de expertos y encuestas a ejecutivos de empresas. El IPC utiliza una escala entre 0 (muy corrupto) y 100 (muy transparente).
Los resultados reflejan que Ecuador obtuvo una puntuación de 34, bajando 2 puntos en comparación con el 2022. En cuanto al ranking, se ubicó en la posición 115 dentro de los 180 países analizados.
Según Transparencia Internacional, Ecuador “está lidiando con una grave crisis de violencia y una disminución de la confianza en las instituciones públicas, dentro del poder judicial, lo que apunta a graves déficits de transparencia, rendición de cuentas e integridad”.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo espera que los resultados obtenidos por el país sirvan para concienciar a las autoridades y a la ciudadanía a tomar acciones inmediatas de cara a prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas.
“La promoción de la integridad pública y la transparencia es un trabajo que nos corresponde a todos”, señaló la fundación.
Sobre el análisis coyuntura
Según el Barómetro de la Corrupción - Ecuador 2022, 9 de cada 10 personas considera que la corrupción es un problema grande o muy grande en el país. En 2023, Ecuador bajó dos puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), obteniendo un puntaje de 34 y la posición 115 entre los 180 países evaluados.
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Una de las metas incluidas en el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 del gobierno de Guillermo Lasso fue “mejorar el posicionamiento en el ranking de percepción de corrupción mundial del puesto 93 al 50.”
Meses atrás, el país atravesó una grave crisis política a causa del caso denominado “El Gran Padrino” o “Caso Encuentro”, que involucró a personas del entorno cercano del entonces Presidente de la República, Guillermo Lasso, incluyendo a su cuñado Danilo Carrera, y a varios altos funcionarios públicos en una presunta red de corrupción involucrada en la recepción de fondos ilícitos, la malversación de fondos públicos y en conexiones con grupos de delincuencia organizada transnacional.
La investigación y difusión de este caso por parte de medios de comunicación llevó a la Asamblea Nacional a iniciar un juicio político en contra de Guillermo Lasso, donde se evaluaría su posible censura y destitución.
Sin embargo, previo a la culminación del proceso, Lasso disolvió al legislativo utilizando la figura constitucional conocida como “muerte cruzada”, que faculta al presidente a cerrar la Asamblea Nacional por varias causas, entre estas, grave crisis política y conmoción interna. Es así como se convocó a elecciones anticipadas que se celebraron entre los meses de agosto y octubre.
Estas elecciones se caracterizaron por hechos violentos en el país, con los asesinatos del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el candidato a asambleísta Rider Sánchez, y el Alcalde de Manta, Agustín Intriago.
Caso Metástasis
En diciembre, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 38 funcionarios, incluídos miembros del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, guías penitenciarios, oficiales de policía, y otros, por el presunto delito de delincuencia organizada.
El caso denominado “Metástasis”, presenta una estructura criminal articulada para evadir e influenciar la justicia mediante sobornos, falsificación de informes, lavado de dinero y asesinatos.
De entre los involucrados en este caso destaca Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, quien renunció a su cargo tras haber sido detenido. Los vínculos entre las redes de corrupción, la delincuencia organizada y las economías criminales son cada vez más claros en el país, poniendo en riesgo nuestra democracia y Estado de Derecho.
De cara a un nuevo Gobierno, la ciudadanía espera y exige una mejora en la prevención de la corrupción, y el fortalecimiento de la promoción de la integridad y de la transparencia. Respecto de las demás Funciones del Estado, en particular la justicia, acciones reales para evitar la impunidad y para recuperar los recursos perdidos por acciones corruptas.
