Policías agredidos en San Rafael: ¿cuáles son las sanciones por atacar a un uniformado?

Un video se viralizó en las redes sociales la mañana de este miércoles 3 de agosto. Jóvenes en supuesto estado de ebriedad fueron detenidos por funcionarios de la Policía Nacional, ya que pretendían conducir un automóvil de esa forma en San Rafael, Valles de los Chillos en Quito.

Sin embargo, los dos chicos y una muchacha respondieron de forma agresiva frente a los gendarmes. Incluso, uno de ellos amenazó a los agentes diciendo que es hijo de un tal “Mayor Freire”.

Pese a los ataques, los policías lograron controlar la situación y tal como lo señalaron hace unas horas vía Twitter, uno de los presentes fue detenido por agredir a los elementos de la fuerza pública, como también se presentó querella legales en contra de los otros muchachos.

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Metro Ecuador se comunicó con el Abogado José Paúl Gallardo, especialista en Derecho Penal, para nos pueda explicar con exactitud los cargos que enfrentarían estos jóvenes por actuar de dicha manera.

¿Cuáles son las sanciones por agredir a funcionarios de la fuerza pública?

“Hay un tipo penal que ha sido incluido en una reforma que se hizo en 2019 que se llama ‘Ataque o Resistencia’, que quiere decir que cualquier funcionario público de seguridad que es agredido por un ciudadano, como sucedió con los agentes de la fuerza pública, será procesado penalmente”.

“La pena menor será de seis meses a dos años. Sin embargo, puede ir de uno a tres si ha existido un acuerdo previo para cometer el ataque o resistencia. Es un delito contra la eficiencia de la administración pública”.

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¿Qué dice el Artículo 283 del COIP?

“La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.