El Ministerio de Gobierno rechazó la destitución de Guadalupe Llori (con 81 votos a favor) y calificó la acción como “una ilegalidad más en la Asamblea Nacional”.
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Se añade que legisladores de diferentes bancadas decidieron “incumplir las medidas cautelares dictadas por juez competente y destituir”.
Se califica el acto como arbitrario y que “afecta” la institucionalidad del Parlamento y “la estabilidad política del país”.
Por tanto respeta la independencia de funciones. Sin embargo indica que “no prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos”.
Llori fue destituida por incumplimiento de funciones, sobre la base de la recomendación del informe de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc que sustanció la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres Cobo.
El Legislativo, además, nombró como reemplazo de Llori al segundo vicepresidente, Virgilio Saquicela, quien presidió la sesión del pleno.
La destitución de Llori contó con el apoyo de legisladores del Movimiento UNES (afín al exmandatario Rafael Correa), el conservador Partido Social Cristiano (PSC) y disidentes de la socialdemócrata Izquierda Democrática (ID) y de Pachakutik (PK), este último dividido en facciones que apoyan y rechazan a la destituida.
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El nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó para este miércoles a reanudar la labor legislativa e hizo un llamamiento para que la institucionalidad de esa función del Estado sea respetada.
”Al país le interesa el pragmatismo, nuestra labor es legislar y fiscalizar”, remarcó Saquicela.
Con datos de EFE
