La Fiscalía General del Estado informó que de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales, hoy inició una investigación previa a los hechos denunciados por el presidente Guillermo Lasso.
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“La institución, como en todos los casos, llevará adelante una investigación objetiva que reúna los elementos de convicción, cargo y descargo que le permitan decidir si formula una imputación”, se lee en un comunicado.
Por tanto, se recordó que las actuaciones de la Fiscalía y demás instituciones que intervienen en una investigación previa son de carácter reservado.
Además, llamó a los ciudadanos que puedan aportar con elementos que contribuyan al desarrollo de la investigación y que los pongan en conocimiento de la institución a fin de procesar a los responsables y que no exista impunidad.
Denuncia de Lasso
El presidente Lasso pidió a la Fiscalía que investigue a cinco legisladores de Pachakutik que votaron en contra de un proyecto de ley de inversiones que impulsaba el Ejecutivo, y que fue archivado por una amplia mayoría en la Asamblea Nacional.
El movimiento político exigió a la institución que investigue a los asambleístas, también a la otra parte involucrada en la presunta negociación.
En una carta dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, Lasso pidió investigar por el delito de concusión (exigir pagos indebidos) a los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, todos ellos del movimiento indígena Pachakutik, así como al asesor parlamentario Marcelo Rosero.
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El mandatario también pidió al Servicio de Rentas Internas investigar una posible evasión tributaria del dirigente político Xavier Hervas, un excandidato presidencial y líder de Izquierda Democrática (socialdemocracia), partido que también se opuso al proyecto de ley de inversiones.
Con ello, Lasso dijo cumplir con su obligación de denunciar la corrupción, aunque su pronunciamiento también responde a voces de opositores que le pedían aclarar su comentario del pasado jueves, cuando afirmó que la Asamblea había negado y archivado su proyecto porque no se había sometido a los “chantajes” de ciertos políticos.
El coordinador Nacional de PK, Marlon Santi, pidió una investigación transparente para que “todo acto que no esté pegado a la ética de cualquier funcionario público y que, de comprobarse actos dolosos, que se aplique el máximo rigor de la Ley a quien corresponda”.
Santi pide “a la justicia que actúe con la mayor transparencia y si alguno de nuestros compañeros ha traicionado a nuestro pueblo que pague como la ley lo determine”.
Con datos de EFE
