743 personas que cumplieron con su sentencia o accedieron a beneficios con la ejecución de ejes de tratamiento y buen comportamiento fueron liberados en centros de privación de libertad de Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí. El objetivo es reducir el hacinamiento, fortalecer la seguridad, el bienestar y protección de las personas privadas de libertad.
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Bajo estas acciones, Metro Ecuador se contactó con la SNAI para resolver varias interrogantes.
1.- ¿Cuántas boletas de excarcelación se han emitido?
- Boletas por cumplimiento de pena o disposición judicial: 680
- Boletas por cambio de régimen o beneficio penitenciario: 162
- Boletas por arresto domiciliario: 3

2.- ¿Cuál es el Centro Penitenciario que más privados de la libertad han sido beneficiados de estas boletas de excarcelación?
El Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, en el cual 131 internos salieron en el período mencionado.
3.- ¿Qué necesita una PPL para recibir una boleta de excarcelación?
La persona privada de libertad necesita el siguiente requisito para recibir boleta de excarcelación: cumplimiento integral de pena (emitida por autoridad competente)
4.- ¿Cuáles son los beneficios que tienen los PPL y por qué se hacen acreedores a ellos?
De acuerdo a la normativa legal vigente las PPL podrán acceder a regímenes como Semiabierto y abierto de libertad, esto quiere decir, que quienes han cumplido con el 40 y 60 % del cumplimiento de la pena, podrán acceder a estos beneficios.

5.- ¿Cuántos privados de la libertad han recibido beneficios penitenciarios?
En el período mencionado del 15 al 22 de diciembre de 2021 salieron 162 PPL por cambio de régimen o beneficio penitenciario. (Este numérico es variable de acuerdo a los trámites que se realizan)
6.- ¿Quiénes no pueden ser acreedores a beneficios penitenciarios y por qué?
Aquellos que no pueden acceder a beneficios son quienes han sido condenados por femicidio, sicarito, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos contra la administración del Estado, entre otros conforme la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal vigente desde junio del 2020.
