Esta semana la Legislatura ecuatoriana arrancó el debate de la Ley del aborto por violación, tema que enfrenta las posturas de grupos políticos y activistas tras un dictamen de la Corte Constitucional de abril 2021, donde se determinó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que penaliza al aborto por violación en el caso exclusivo de que la víctima sea una mujer con discapacidad mental.

Según el pronunciamiento de la Corte, es inconstitucional el Art.150 porque únicamente permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de violación.

Así, el máximo órgano de control constitucional en el país, mediante una decisión que no es susceptible de impugnación, estableció la posibilidad de que cualquier mujer —sin importar su capacidad mental— pueda acceder a un aborto legal en casos de violación, asunto que desde esta semana ha entrado en debate en la Asamblea Nacional para su posterior regulación.

Cabe resaltar que el aborto por violación en el caso de mujeres con discapacidad mental no es la novedad. Se ha mantenido por 83 años en la ley ecuatoriana.

La decisión de la Corte Constitucional ha recibido apoyo pero también fuertes cuestionamientos, principalmente de parte de grupos religiosos y otros autoidentificados como “pro-vida” o “pro-familia”, para quienes esta ampliación (despenalizar el aborto por violación en cualquier caso) es contraria a la protección del derecho constitucional a la vida desde la concepción.

¿Qué es lo que debate la Asamblea?

Los tres ejes que se debaten en la Asamblea sobre el aborto por violación son: el tiempo en que se podrá interrumpir el embarazo, los requisitos y la objeción de conciencia de los médicos.

Es aquí donde surgen las polémicas entre los grupos sociales.

La falta de definición por parte de la mesa legislativa del tiempo en que se puede interrumpir el embarazo en casos de violación causa polémica entre legisladores y activistas. Unos plantean que el aborto podría permitirse hasta la quinta semana y otros que se deje abierta la posibilidad de interrumpir el embarazo.

Para la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro-Cultura Occidental, que ha entregado 100.000 firmas en rechazo a la despenalización del aborto, “el punto preocupante es que el proyecto prevé el aborto hasta el noveno mes de embarazo”, cuestiona su vocero José Ignacio Gómez.

“Exigimos que se respete el artículo 45 de la Constitución de la República, que protege la vida desde la concepción, consagración jurídica del quinto mandamiento de la Ley de Dios: “No matarás”, dijo.

Contrario a ello está el Movimiento de las Mujeres Feministas que -si bien considera que hay puntos en la ley que deben fortalecerse y que son perfectibles para garantizar su adecuada implementación-, muestran su apoyo al proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho al aborto por violación, presentado por la Defensoría del Pueblo el 28 de junio de 2021, por pedido de la Corte Constitucional.

Más de 6.000 niñas han sido víctimas de violación sexual

Según estadísticas de la Fiscalía desde el 2014 al 2021 hay 442 casos de mujeres procesadas por aborto consentido y más de 6.000 son víctimas de violación sexual.

En el debate de la Asamblea, realizado la tarde del jueves 9 de diciembre 2021, se evidenciaron posiciones diversas. Unos asambleístas se mostraron a favor de establecer una ley que garantice el derecho al aborto por violación; mientras otros defendieron la vida desde su concepción y la inviolabilidad de la vida.

Todos coincideron en la necesidad de trabajar para prevenir la agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Durante este debate se puso en evidencia los temas críticos que deberán ser reconsiderados por una comisión en especial. Entre ellos, la temporalidad de interrupción del embarazo que deberá ser analizado por la Comisión de Justicia de manera técnica, sobre todo en el caso de niñas menos de 14 años que no tienen conciencia de estar embarazadas.

Los parlamentarios “sugirieron revisar el tiempo para la interrupción del embarazo, establecer sanciones al violador y generar políticas públicas con enfoque de género y atención integral”, concluyó Virgilio Saquicela, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.