Una mujer fue detenida luego de prenderle fuego a su esposo, quien descansaba en su habitación. El hecho ocurrió en el recinto Las Mercedes del cantón Pedro Carbo (Guayas).
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La madrugada del domingo 24 de octubre, personal policial atendió la llamada de una joven de 21 años que mantenía retenida a su madre, identificada como América Sebastiana Ch. B., luego de que está última le prendiera fuego a su padre, Dionisio P. R., de 52 años, quien se encontraba descansando en su dormitorio.
Según la hija de la víctima, no es la primera vez que su madre agredía a su progenitor. En ocasiones anteriores habría atentado con arma blanca y objetos contundentes, desconociendo los motivos de las agresiones. Todo el grupo familiar habitaba en la vivienda.
Tras este último acto, la víctima sufrió quemaduras de primer y segundo grado, y –debido a la gravedad de las heridas– se encuentra internado en un hospital de Guayaquil.
Jueza dictó medidas alternativas
En la audiencia de flagrancia, desarrollada en la Unidad Judicial Multicompetente de esta jurisdicción, el fiscal Francisco Campos Quintana presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, el informe de reconocimiento médico-legal practicado a la víctima, que determinó una incapacidad física de treinta y un días; y las evidencias encontradas en el domicilio, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial.
La jueza de Garantías Penales, Cristina Sánchez Solórzano, acogió en parte lo solicitado por Fiscalía y dictó medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad judicial cada semana América Sebastiana Ch. B.
La Magistrada, además, emitió medidas de protección contra el ciudadano agredido, como terapia psicológica y otras, que constan en los numerales 2, 3, 4, 5 y 9 del artículo 558, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Fiscalía procesó este caso según los artículos 156 (violencia física contra la mujer o miembro del grupo familiar) y 152, numeral 3 (si producen a la víctima un daño o incapacidad de treinta a noventa días), cuya sanción establece una pena privativa de libertad de uno a tres años.