Una etiqueta inquietante y viral ha sacudido recientemente las redes sociales en China: 'Sister Hong’. Detrás de este seudónimo se esconde Jiao Moumou, un hombre de la ciudad de Nankín que se disfrazaba de mujer para grabar en secreto a sus víctimas durante encuentros íntimos, y luego comercializar esos videos en plataformas para adultos.
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El caso ha generado indignación no solo por la violación masiva a la privacidad, sino también por el lucro ilícito que generó. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto dinero ganó realmente con este esquema?
Un negocio digital tan oscuro como rentable
Según datos oficiales, la policía china ha identificado al menos 250 víctimas grabadas sin su consentimiento. Jiao utilizaba maquillaje, filtros, pelucas y ropa femenina para construir una identidad falsa. A través de esta fachada, conseguía citas que ofrecían una “experiencia única” a cambio de ofrendas simples: desde frutas hasta gadgets electrónicos.
Lo que las víctimas ignoraban era que cada encuentro quedaba registrado en video, sin autorización, y luego subido a plataformas pornográficas por un precio promedio de 150 yuanes (unos USD 21) por video.
Si se hace un cálculo básico —250 víctimas por un solo video cada una vendido una sola vez—, el monto mínimo sería de USD 5 250. Sin embargo, expertos y usuarios de redes creen que esta cifra es apenas la punta del iceberg. Los videos pudieron haber sido vendidos múltiples veces a distintos usuarios y también revendidos en otros canales, elevando significativamente las ganancias.
Cargos múltiples y penas severas
Además de la clara infracción a la Ley de Protección de Información Personal (PIPL), vigente en China desde 2021, el acusado enfrenta una serie de delitos graves:
- Distribución ilegal de contenido sexual
- Suplantación de identidad
- Lucro con material obtenido sin consentimiento
- Posible negligencia sanitaria, si se prueba exposición intencional a enfermedades de transmisión sexual
En el sistema penal chino, este tipo de delitos puede acarrear penas de más de 10 años de prisión, e incluso cadena perpetua o pena de muerte, dependiendo de la magnitud del daño social y psicológico provocado.
China ya ha iniciado un proceso judicial contra Jiao Moumou, mientras usuarios en redes exigen justicia para las víctimas y mayor control sobre las plataformas que permiten la venta de este tipo de contenido.