La justicia ecuatoriana aceptó el retiro de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. Se la había otorgado en 2017 en el Gobierno de Lenín Moreno.
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La Cancillería interpuso una «demanda de lesividad» argumentando que existió una serie de irregularidades en los requisitos legales durante su proceso de naturalización.
Carlos Poveda, el abogado del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo este martes a Efe que interpondrá acciones judiciales ante la decisión, de primera instancia, de un tribunal de retirar a su defendido la nacionalidad ecuatoriana, otorgada en 2017.
Poveda señaló que la semana pasada tuvieron una audiencia oral en la que «indicaron que se aceptaba la revocatoria de nacionalidad», pero aclaró que «esa resolución no está en firme porque todavía se puede poner recursos de casación ante la Corte Nacional».
El letrado apuntó que la revocatoria de la nacionalidad la habían solicitado el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría de Ecuador bajo el argumento «de que se había obviado trámites administrativos y reglamentarios».
Entre ellos que Assange «no vivía en el país, que no tenía recursos para subsistir y que se habían obviado unos trámites de pagos de aranceles», enumeró.
Tras casi siete años de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, en 2019 el Gobierno ecuatoriano del entonces presidente Lenín Moreno, puso fin a ese estatus para Assange y la justicia británica detuvo al australiano.
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Inmediatamente, el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores determinó que la concesión de la nacionalidad a Assange constituyó un «acto administrativo lesivo» y suspendió sus efectos.
Poveda indicó que ante el mismo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que emitió la resolución la semana pasada presentará «recursos horizontales» de aclaración y ampliación en los próximos tres días.
Una vez que se resuelva aquello, presentará el recursos de casación «bajo el argumento de que no se le posibilitó el derecho a la defensa, de que se basó en un medio probatorio carente de legitimidad y que, básicamente, no se permitió ni siquiera la comparecencia del señor Assange. Fue negado absolutamente todo», subrayó.
La apreciación de la Cancillería es que «este es un pronunciamiento de la justicia que ha actuado en forma independiente y seguido el debido proceso frente a un caso acontecido en el Gobierno anterior y que fue planteado por el mismo Gobierno anterior», dijo a Efe el director de Comunicación, Eduardo Durán.
El fundador de WikiLeaks ha pasado la última década batallando por su libertad en el Reino Unido, ya sea asilado en la Embajada de Ecuador en Londres o desde prisión
