Estados Unidos anunció este lunes la próxima entrega de más de 25 millones de dólares a Ecuador en el marco de una nueva asistencia a migrantes y refugiados venezolanos, y dentro de la ayuda prometida la semana pasada a nivel internacional para paliar este problema humanitario.
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El monto es parte de la financiación anunciada por la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos que se celebró el jueves.
Proporcionada por el Departamento de Estado, la financiación apoyará los esfuerzos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se afirma en un comunicado difundido por la embajada estadounidense en Quito.
Asimismo, financiará actividades de Unicef y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), para brindar apoyo urgente y vital, incluyendo protección, educación, refugio, alimentación y servicios psicosociales, además de facilitar la integración a largo plazo de refugiados en las comunidades de acogida.
En Ecuador residen unos 430.000 migrantes venezolanos, según fuentes oficiales, y más de 600.000 según diversos organismos nacionales e internacionales.
De ellos, algo más de 220.000 han obtenido alguna visa del país andino, y el resto siguen en condición irregular y en una precaria situación económica agudizada por la pandemia.
La Conferencia Internacional de Donantes logró el compromiso de países e instituciones de aportar 1.554 millones de dólares a esta crisis, de los que 954 millones serán donaciones y 600 millones créditos.
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El embajador estadounidense en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, aseguró con motivo del Día del Refugiado que su país sigue apoyando los esfuerzos para integrar a los venezolanos en la sociedad local.
La semana pasada, Ecuador anunció que lanzará un nuevo programa para la regularización de venezolanos, con el fin de dar respuesta a todos aquellos radicados en el país que no pudieron acogerse al plan anterior entre agosto de 2019 y marzo de 2020.
