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La Unión Europea llegó a un acuerdo sobre un certificado de inmunidad contra el COVID-19 a partir del próximo 1 de julio, un pacto en el que los Estados miembros se comprometen a evitar imponer medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo de forma proporcionada si es necesario.
«Sin prejuicio a la competencia de los Estados miembros de imponer restricciones en base a la salud pública», los países «evitarán imponer restricciones adicionales a los viajes (…) a no ser que sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública en respuesta a la pandemia de COVID-19», reza el texto final.
El principal reclamo de los Estados miembros durante esta negociación había sido mantener sin cambios la soberanía sobre sus propias fronteras para reservarse el derecho de imponer cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entran en su territorio, una capacidad que han empleado de forma heterogénea durante la pandemia.
El pacto al que se ha llegado implica que los Veintisiete intentarán evitar este tipo de medidas para los ciudadanos que tengan el nuevo certificado, pero no excluyen imponerlas si la situación epidemiológica lo requiere y siempre que sean «necesarias y proporcionadas», teniendo en cuenta los datos sobre el avance de la pandemia.
Funcionará durante 12 meses
El negociador principal del Parlamento Europeo para el certificado, el socialista Juan Fernando López Aguilar, explicó que, si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida.
El certificado, que funcionará durante doce meses, será vinculante en toda la UE para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamentos, que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen.
También contendrá si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro, pero no por la EMA, como el caso de Hungría, que administra también la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm, pero será potestad de cada Estado miembro decidir si las considera válidas o no.