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El juez Ramón Abad, de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, quien llevó el caso de tráfico de tortugas de Galápagos ocurrido en marzo, emitió sentencia al policía Nixon Alejandro P. D., como responsable de tráfico, tenencia, maltrato y transporte de especies protegidas, delito tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal.
En la audiencia de juicio que se reinstaló ayer, las partes presentaron sus alegatos finales para que el juez pueda contar con suficientes elementos y emita la sentencia que se determinó en tres años de prisión, considerando los agravantes del caso.
Además del pago de la reparación integral del daño causado a la víctima, establecido en 639.100 dólares.
Además, el sentenciado deberá presentar disculpas públicas a través de un medio de comunicación nacional.
El juez determinó como agravantes que las tortugas gigantes son especies amenazadas y en peligro de extinción; que el hecho se realizó dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, específicamente en el Parque Nacional Galápagos; que produce grave daño al medioambiente y la biodiversidad; y que se realizó usando técnicas que causaron la muerte de 32 tortugas neonatas.
El caso
El 28 de marzo de este año durante las actividades de revisión de carga en el aeropuerto de Baltra, guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, junto al personal del aeropuerto ecológico Galápagos hicieron el hallazgo de 185 tortugas gigantes de Galápagos (neonatos), dentro de una maleta que saldría hacia Guayaquil en uno de los vuelos, hecho que fue frustrado gracias al trabajo de control que efectúan los guardaparques.
