La Fiscalía General del Estado solicitó que se emita prisión preventiva en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por el presunto delito de peculado dentro del caso de compra de 100.000 pruebas contra la COVID-19.
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Durante la tarde de ayer, la Fiscalía presentó 12 elementos probatorios donde emiten su dictamen acusatorio en contra el Burgomaestre como presunto autor mediato dentro del delito de peculado. Esta decisión debe ser resulta por el juez que se encuentra llevando el caso.
Entre los elementos recabados se presentaron algunos como:
Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de COVID-19 por PCR-polimerasa, suscrito el 16 de abril del 2020.
Se hizo un pago de anticipo del 70% por $2 641 800 ordenados desde el Municipio de Quito. Además de por $2 641 800 ordenados desde el Municipio de Quito y la terminación del contrato por mutuo acuerdo (13 de julio del 2020) con la empresa contratante.
En Twitter se explicó que el autor mediato “no tiene el dominio fundamentado en la ejecución de una acción sino en el poder de la voluntad conductora de la acción que ejecuta otra persona”
Según la institución, los elementos de convicción recabados durante la investigación demostrarían que Yunda tuvo conocimiento- en todo momento- del proceso de contratación y que preparó las condiciones esenciales para que el exsrecretrio de Salus, Lenín Mantilla, suscribiera un contrato por USD 4.226.880 para la adquisición de reactivos PCR-Polimerasa, al eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para entidades públicas cuyo monto era de 2.9 millones de dólares.
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También se detalla que tuvo conocimiento, mediante comunicación directa con Ximena Abarca y Linda Guamán, que las pruebas entregadas no eran PCR-Polimerasa sino RT Lamp y que no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en el contrato, ante lo cual habría dispuesto de dos instrucciones claras que marcaron el proceso de contratación.
