El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, consideró este martes 23 de marzo de «infame» un informe de la Defensoría del Pueblo que apunta a presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado ecuatoriano.
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«Es un informe infame, que desdibuja la imagen de una muy respetable institución como es la Defensoría del Pueblo«, manifestó el titular de Defensa en una rueda de prensa en la que cuestionó la forma de «comprender cómo se desarrollaron los acontecimientos en la crisis de octubre de 2019».
De más de 90 páginas, el documento emitido la semana pasada y que analizó supuestas vulneraciones de derechos humanos concluyó que el Estado ecuatoriano «violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, sicológica y sexual, y a la libertad personal».
DEFENSA APUNTA A UNA DIFAMACION
Jarrín valoró que la Defensoría incurrió en una «difamación» cuando «vergonzosamente habla de lesa humanidad» al referirse a la actuación de las fuerzas de seguridad, y aludió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para refutar esas acusaciones.
«¿Cómo se puede decir que las Fuerzas Armadas actuaron en lesa humanidad?, es decir, se supone que de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma hubo asesinatos, exterminio sistematizado, persecución y matanza a la población, esclavitud, traslado forzado, tortura, violencia sexual, desaparición forzada«, acotó.
El ministro insistió en que la intervención de los uniformados fue en aras de dar apoyo a la Policía Nacional en medio de un estado de excepción decretado por el presidente, Lenín Moreno, a fin de reducir la intensidad de la violencia.
«No estamos tratando de solucionar militarmente un conflicto interno, eso es descabellado«, apostilló.
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Los soldados ecuatorianos que intervinieron en el operativo en el marco de las protestas de octubre de 2019, recalcó, utilizaron equipamiento antidisturbios y armamento no letal para aplacar las protestas y sabotajes.
«Esto significa que jamás se utilizó armamento de dotación militar, jamás se disparó un solo tiro«, aclaró.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, hizo pública una denuncia presentada este martes ante la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019, en la que solicitó a las autoridades que se prohíba la salida del país del presidente, ministros como el de Defensa y otros cargos.
En un documento precisa que se produjeron «vulneraciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre», de lo que se desprende que 189 habrían sido cometidas por personal de la Policía Nacional y 34 de las Fuerzas Armadas.
DEFENSORÍA RECOGE SEIS FALLECIDOS
La Defensoría alega que «se logró establecer que seis personas fallecieron durante el paro nacional, constituyéndose una presunta violación de derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, ya que el sujeto activo del delito sería un agente estatal».
El origen de las manifestaciones fue el decreto ejecutivo 883, que eliminaba históricos subsidios a los combustibles y desataron una conflictividad sin precedentes en la historia reciente del país.
Jarrín afirmó que ese decreto «era el pretexto, porque se escaló y se llegó a tener un objetivo político, lograr la desestabilización del país y quebrantar el ordenamiento democrático».
El general retirado explicó que durante esa crisis las Fuerzas Armadas se enfrentaron a violencia extrema que incluyó saqueos, vandalismo, destrucción y ataques a medios de comunicación, ambulancias e industrias, así como el cierre de vías y toma de áreas estratégicas.
Recalcó que las agresiones respondieron a una organización de tipo militar en la que se identificaron líneas de escudos y lanzadores, bazocas domésticas y cócteles molotov, objetivos determinados para la destrucción, como la quema de la sede de la Contraloría en Quito, y la acción de un grupo de dirigencia.
Entre otros sucesos recordó que los manifestantes «quemaron vivo a un policía» o que trataron de tomar un cuartel donde presumían que se encontraba el presidente de la República y que tenían centros de acopio para el sostenimiento logístico.
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