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Cárcel de Turi - EFE / Cárcel de Turi  - EFE /
Noticias 27/02/2021

CIDH condena la muerte de 79 personas en cárceles de Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó y condenó los hechos de violencia ocurridos en cuatro cárceles de Ecuador ubicadas en las provincias de Azuay, Cotopaxi y Guayas, que ocasionaron que al menos 79 personas privadas de libertad perdieran la vida.

El martes el país vivió la peor jornada de violencia en su historia penitenciaria cuando dos bandas criminales se embarcaron en un sangriento ajuste de cuentas en cuatro centros de reclusión de las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

En un comunicado publicado en su sitio oficial, la CIDH urge al Estado a investigar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, a identificar y sancionar a los responsables.

“El Estado ecuatoriano debe adoptar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir”, sentenció.

La Comisión enfatizó que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. “Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables”.

Presos de la cárcel de Turi fueron trasladados al Centro Regional de Guayaquil

Advirtió que mediante comunicación del día 23 de febrero enviada al Presidente de Ecuador, la Defensoría del Pueblo indicó “que la violencia intracarcelaria se ha profundizado desde el año 2018, con un aumento progresivo de muertes violentas. Lo anterior, principalmente a causa de la falta de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas con las personas privadas de libertad”.

Recuerda que el Estado debe adoptar aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de privación de libertad, tales como desarmar a las personas detenidas, imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros artículos prohibidos, investigar y sancionar los actos de violencia en instalaciones penitenciarias, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles.

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