La Defensoría del Pueblo de Ecuador se pronunció este viernes 26 de febrero, tras la renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. La entidad señaló que se espera que haya transparencia en la información y que se designe a una «persona preparada y honesta». Además de algunas peticiones, dicen que esperan que Zevallos «brinde las disculpas públicas».
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«Más allá de la persona encargada de la cartera de Estado, el país requiere que el Gobierno Nacional responda frente a la incompetencia que ha demostrado para enfrentar la crisis sanitaria por la Covid-19», señaló la Defensoría a través de un comunicado.
La entidad resaltó que las críticas recibidas por el Plan de Vacunación contra la Covid-19, fue, «por incumplir el derecho fundamental de acceso a la información pública, muy necesario para que la ciudadanía conozca las políticas públicas implementadas por el Estado».
«Por lo tanto, hacemos eco de la renuncia de Juan Carlos Zevallos a la cartera de Salud y esperamos que el presidente de la República designe, en su lugar, a una persona preparada y honesta que, en los pocos meses que le quedarían para ejercer la función, solvente las necesidades de la población ecuatoriana, resuelva las irregularidades cometidas por el ministro saliente y, sobre todo-, las deficiencias presentadas durante el plan de vacunación, los actos de corrupción en la compra de insumos durante la pandemia, la presunta entrega de los hospitales a mafias políticas, la falta de entrega de información durante la emergencia sanitaria y las anomalías presentadas en la entrega de los carnés de discapacidad, hechos que, sin duda, han vulnerado los derechos de las y los ciudadanos, quienes han clamado por la salida de Zevallos», escriben en el comunicado.
Sobre el ministro de Salud saliente
El comunicado concluye indicando que la «Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador se encuentra vigilante de que, el ministro de Salud que hoy renuncia, rinda cuentas de sus actos, responda penalmente por el tráfico de influencias y brinde las disculpas públicas correspondientes por su ineficiencia y falta de aplicación de una política pública clara y transparente para controlar la situación de la pandemia en el territorio ecuatoriano».
