El asambleísta (AP) y presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano, denunció que el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNAI) recibieron más de 40 alertas del sistema de inteligencia sobre los hechos de violencia que se suscitaron el 23 de febrero en las cuatro cárceles del país.
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Dijo que hubo más de 40 informes de inteligencia que señalaban que la masacre en las cárceles se iba a suscitar e incluso aseguró que un día antes (22 de febrero) recibieron información específica sobre en qué centros penitenciarios se iban a dar estos hechos, «pero no hicieron absolutamente nada», agregó.
En diálogo con algunos medios de comunicación Serrano denunció que en junio de 2020, cuando se otorgó la prelibertad al líder de la banda de los Choneros, JL Zambrano,se habría llegado a un acuerdo con funcionarios del Gobierno para que alias ‘Rasquiña’ complotado con otros cabecillas dentro de las cárceles mantengan el orden en los centros penitenciarios y al mismo tiempo de información de las bandas que están operando en el país. «Esto a cambio de la prelibertad, cuando tenía una sentencia de 20 años, que luego se le redujo a 8», agregó.
Estas denuncias las mencionó ayer el legislador luego de conocer que las autoridades competentes se ausentaron ante la Asamblea Nacional y afirmó que «esa es la acción de un Gobierno inoperante y corrupto, de un Gobierno que está preocupado en poner las vacunas a los amigos, a ciertos periodistas y familiares, y no preocupado de protegernos a los ecuatorianos de las estructuras criminales que se han apoderado del país”.
Ayer presentaron excusas la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez; el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; y el director del Sistema Nacional de Rehabilitación, Edmundo Moncayo, que fueron convocados a la Comisión de Justicia para que informen sobre sus acciones emprendidas frente a la crisis carcelaria.
Para el próximo lunes 1 de marzo, a las 11:00, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó ante el pleno legislativo al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y a Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para que informen lo sucedido en los centros de privación de la libertad.
