El Ministerio Fiscal prosigue este miércoles la investigación sobre los incidentes de la víspera en la cárcel de Tacumbú, en Asunción. El motín dejó seis presos muertos, en el que un grupo de internos tomó como rehenes a varios guardias que luego fueron liberados.
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El número de fallecidos, cuyos cuerpos serán examinados hoy en la morgue judicial, fue confirmado después de que se produjera la liberación de los retenidos, tras la presencia en el penal de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
El fiscal territorial designado dijo el martes a los medios que no se descarta que haya más víctimas mortales entre los presos como consecuencia del motín. Aparentemente se originó por el traslado esa mañana de un interno a otra dependencia.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que los presos fallecidos presentaban heridas de arma blanca y la mitad de ellos fueron decapitados, según los datos preliminares.
La ministra, entrevistada hoy en varios medios radiales, señaló que las muertes se produjeron al amparo del motín y debido a los conflictos entre distintos clanes de internos del penal.
Asimismo, insistió en la necesidad de una reforma estructural del sistema penitenciario del país. Las cárceles están caracterizadas por el hacinamiento y la superpoblación.
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La llegada anoche de la ministra al penal desactivó la revuelta tras escuchar a los presos, que exigieron que no se tomarán represalias por el motín, antes de que se conociera la muerte de los internos.
Motín en Asunción
Antes de la presencia de Pérez, varios de los presos aseguraron a una cadena de televisión a la que se permitió el ingreso que no se habían presentado heridos ni víctimas, y reclamaron igualdad procesal para todos los internos del país.
La ministra atribuyó el motín a una reacción de un sector organizado contra el traslado de un recluso luego de detectarse un supuesto plan de fuga que hubiera permitido el escape de varios internos.
Se trata de Efrén Orlando Benítez, miembro de una banda de asaltantes de cajeros automáticos y transportadoras de caudales, condenado a 19 años de cárcel en enero de 2020.
Diversas organizaciones de derechos humanos señalan al abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces como causa de la superpoblación de las cárceles paraguayas.
Las autoridades penitenciarias reconocen que muchos presos sin condena terminan reclutados como miembros de organizaciones criminales que operan en las cárceles, como la brasileña Primer Comando de la Capital (PCC). EFE