En la sesión de este martes 9 de febrero, el Comité Nacional de Operaciones de Emergencias (COE) adoptó varias resoluciones relacionadas con el teletrabajo, la suspensión del regreso a clases presenciales en las zonas urbanas, las solicitudes de retorno progresivo a clases de algunas instituciones de Educación Superior, el plan piloto del Ministerio de Educación para el regreso progresivo a clases presenciales de instituciones educativas rurales, ente otros temas.
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El COE Nacional resolvió extender la vigencia de la modalidad de teletrabajo en las instituciones de la Función Ejecutiva y desconcentrado hasta el 28 de febrero de 2021, en todas aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita y será de responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución asegurar la atención y prestación de servicios públicos, con el objeto de evitar inconvenientes a la ciudadanía.
Además, se exhorta a las autoridades de las demás funciones del Estado y del sector privado, acoger esta disposición.
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El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, indicó que “el teletrabajo se mantiene para evitar la movilidad en las áreas urbanas y en el transporte público. De los 500 mil funcionarios en el Ejecutivo, 287 mil se acogen al teletrabajo y representan el 55 %”.
Retorno a clases presenciales
La resolución también contempla mantener suspendidas las autorizaciones emitidas a las solicitudes presentadas por el Ministerio de Educación, para el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes en las zonas urbanas, hasta el 28 de febrero de 2021.
Sin embargo, la entidad resolvió autorizar bajo la figura de plan piloto, los Planes Institucionales de Continuidad Educativa presentadas por el ministerio del ramo para el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes en 168 instituciones educativas; y autorizar la solicitud presentada por la Federación de Nacionalidades SHUAR – Pastaza para implementar el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes en 22 instituciones educativas rurales. Los representantes legales de los y las estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial o no a las instalaciones educativas.