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El candidato presidencial ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz indicó que el proyecto de Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero que fue enviada por el gobierno de Lenín Moreno a la Asamblea con carácter urgente, en realidad es una «privatización» del Banco Central.
En una rueda de prensa este martes, Arauz manifestó su oposición a lo que describió como «ley de privatización del Banco Central» y aseguró que no van «a permitir que se apruebe una ley que contempla que los cargos que dejará él nombrados tengan un período más largo que la próxima Administración de la Presidencia«.
«No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del Banco Central para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder, independientemente de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano», agregó.
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Arauz aseguró que ya se está trabajando con los actuales asambleístas para que esa ley no prospere, y que, también, ya se han iniciado conversaciones con los asambleístas electos de Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (ID) y otros movimientos locales para conformar un gran bloque que combata al «neoliberalismo bancario».
Según el correísmo este Código Monetario y Financiero remitido por Moreno incluye «articulados que afectarían al sistema cooperativo de ahorro y crédito de Ecuador». «Pedimos a los asambleístas actuales y también a la Asamblea venidera que estén firmes y que se mantengan alertas por este texto, que puede terminar siendo una afectación enorme para las familias ecuatorianas y contra las capacidades financieras del Estado ecuatoriano en su conjunto», advirtió.
DAR MAYOR AUTONOMÍA
El Gobierno sostiene que la Ley promueve «la autonomía del Banco Central para garantizar el rigor técnico en la generación de política monetaria para el país, sin la influencia de grupos de poder político o económico».
Y «evita que un Gobierno se financie con fondos que le pertenecen a los ciudadanos», en alusión a prácticas de anteriores Gobiernos correístas de desviar fondos de una institución a otra para cubrir pagos y deuda.
Con esta ley, asegura el Ejecutivo de Moreno, el Banco Central aplicará normas internacionales de auditoría y contabilidad, publicará las resoluciones y los estados financieros anuales auditados, para beneficio de todos los ecuatorianos.
Pero destaca que «el Banco Central es y seguirá siendo parte del Ejecutivo».
«Con su autonomía, trabajará como asesor en la toma de decisiones que mejoren la economía de los ecuatorianos, con criterio técnico y con el respaldo de una Ley de defensa de la dolarización», abunda.
