La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró que el despliegue de militares en la frontera de Perú con Ecuador «pone en peligro los derechos humanos» de las personas refugiadas y exigió al Gobierno limitar el uso de las fuerzas armadas en labores de control migratorio para «evitar una tragedia».
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«Militarizar la frontera en Perú representa un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes» y «sienta un nefasto precedente», por lo que «exhortamos al presidente Francisco Sagasti a limitar el uso de militares en labores de control migratorio y evitar una tragedia», reclamó a través de su cuenta oficial de Twitter la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
El Gobierno peruano desplegó esta semana al Ejército para vigilar hasta 30 pasos fronterizos con Ecuador y disuadir así la inmigración ilegal, que presuntamente se ha incrementado con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos.
UN «PÉSIMO PRECEDENTE»
De acuerdo con la directora para las Américas de Amnistía Internacional, es «un grave riesgo para los derechos humanos».
«Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal de Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellos niños y niñas», detalló Guevara.
SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO CON MÁS VENEZOLANOS
El despliegue militar a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, se dio después de que la semana pasada la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciara la detención de unos 500 inmigrantes ilegales, en su gran mayoría venezolanos, en distintos puntos de la región de Tumbes.
Fruto de ese operativo se hizo viral en redes sociales el video de un tráiler que ingresaba a la ciudad de Tumbes, capital de la homónima región peruana, con decenas de venezolanos que presuntamente acababan de cruzar la frontera de manera clandestina.
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Perú es, después de Colombia, el país que alberga a más venezolanos, con más de un millón llegados desde 2016, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
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