Cuatro funcionarias del Hospital de Infectología de Guayaquil “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” fueron procesadas por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias, por irregularidades en el proceso de contratación de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
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El fiscal César Suárez solicitó la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, el juez Marco Guerra dictó prohibición de salida del país y arresto domiciliario, además del uso de dispositivo de vigilancia electrónico.
Los principales elementos de convicción presentados para sustentar la acusación fiscal y el pedido de medidas cautelares fueron: informe de pericia de contratación pública, que determina que en las órdenes de compras emergentes no se aplicaron los procedimientos que indica la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública; informe de pericia de contabilidad, informes de vigilancia y seguimiento e informe ejecutivo ampliado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Asimismo, se presentó el informe de levantamiento de evidencias incautadas, entre las que constan teléfonos celulares y computadoras y documentación.
Las procesadas fueron detenidas la madrugada del viernes, en un operativo liderado por Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, en el que se allanaron siete inmuebles de Guayaquil, Durán y Daule. Ellas habrían participado en el proceso de adquisición de desinfectantes y demás insumos, con presunto sobreprecio, contrato que alcanzaría los 300.000 dólares.
Esta investigación previa inició en junio, con base en la denuncia efectuada por el exgobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duart.
