“La Policía respondió a la violencia extrema que hubo en octubre de 2019”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo Rodríguez, al ejercer su derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esta Comisión es presidida por Elio Peña Ontaneda, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra, auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
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Romo aseguró que el Gobierno Nacional reconoce el derecho a la protesta en democracia, pero en octubre del año pasado hubo una multiplicidad de actores. Desde unos que sí demostraron un malestar por las medidas económicas, hasta quienes buscaban subvertir el orden, crear el caos, con acciones de violencia organizada.
Por ello, hubo la toma de 11 pozos petroleros, la suspensión de más de 200 vuelos, el incendio de edificios públicos, la toma de gobernaciones, entre otros hechos contrarios a la ley. Pero, también, en octubre hubo otras fuerzas que cuestionaron la existencia misma del Estado y, en ese ámbito, secuestraron a más de 400 policías y militares.
“No es correcto hablar de los hechos de octubre como si hubiera sido igual a lo que ocurre en un día cualquiera; la policía respondió a la violencia y el caos que se produjo en el país”, agregó.
En qué se respaldo Romo
La ministra de Gobierno respondió una a una las acusaciones formuladas por los asambleístas interpelantes, respaldándose en las funciones asignadas en la Constitución, específicamente en el Art. 154, así como en el artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública.
Este último determina 18 funciones específicas, entre las cuales destacó la de Elaborar Planes, Programas y Proyectos en materia de Seguridad Ciudadana; la de Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados; y, la de establecer y supervisar los planes operativos especializados para la Policía Nacional, en circunstancias extraordinarias.
En este marco, subrayó que en su mandato se dictó el Reglamento para uso y parte de armamento no letal por la Policía; el Estatuto Orgánico de Administración por Procesos de la Policía Nacional; y, como parte de las políticas públicas del sector que corresponde, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2030; el Plan Específico de Seguridad Ciudadana 2019-2030; y, la actualización del Plan de Acción para Trata de Personas.
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María Paula Romo indicó que la Policía es quien asume la responsabilidad de mantener el orden público. “Defiendo y respaldo las actuaciones operativas que se dieron en el momento”, aclaró.
Bombas lacrimógenas caducadas
En torno al uso de bombas lacrimógenas caducadas, la secretaria de Estado reiteró que las bombas caducadas no generan daño a la población, si acaso pierden parte de su eficacia. Presentó dos informes, de la empresa Santa Bárbara y de la empresa Cóndor, que avalan este punto de vista.
Respecto del lanzamiento de bombas lacrimógenas en zonas de paz, en la solicitud de juicio político, la ministra dijo que se confunde el derecho de guerra con lo ocurrido en octubre de 2019. En caso de guerra existen las zonas de combate y las zonas de paz, en el caso del año anterior, no había una zona de combate y si los efectos de las bombas llegaron a predios universitarios, aclaró que, en su momento pidió las debidas disculpas y asumió el compromiso que eso no volvería a ocurrir.
Sobre la tardía convocatoria al Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, la doctora Romo enfatizó que, sin ser su competencia, frente al secuestro de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, activó el Comité, con la participación del Canciller; el Ministro de Defensa; los delegados de Naciones Unidas; el Comandante de la Policía; dos delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; entre otros actores. Con ello se hizo posible la liberación de los periodistas secuestrados.
En conclusión, la Ministra de Gobierno afirmó que no existe ni un solo fallecido por responsabilidad o por disparo de arma de fuego de la Policía; los muertos responden a accidentes, a incendios provocados por los manifestantes, entre otros lamentables hechos que se registraron en octubre.
A partir de mañana, 1 de noviembre, corre el plazo de cinco días para que la mesa presente el informe, de conformidad con lo determinado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
