La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito y el Servicio de Aduanas de Ecuador destruyeron más de medio millón de cigarrillos que entraron en el país de forma ilegal.
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«En más de 600 operativos efectuados en el Distrito Metropolitano se han levantado 428 actos de inicio por comercio no regularizado de cigarrillos en las calles de Quito», dice un comunicado de esa agencia, que no precisa el período en el que se realizaron.
Y explica que junto al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Quiport, procedieron a la destrucción «de más de 500.000 unidades de tabaco».
La destrucción de ese material ilegal se realizó siguiendo los procesos legales pertinentes, en una muestra del «compromiso de la institución con la lucha contra la informalidad en las calles de Quito, donde los controles son cada vez más intensos y exhaustivos».
«Estos controles se han llevado a cabo en diferentes puntos de la ciudad donde abunda la presencia de vendedores de cigarrillos, que presuntamente entran al país mediante redes de contrabando, sin cumplir con las debidas obligaciones fiscales; uno de estos sectores es Centro Histórico, específicamente en el sector de El Tejar», indica la nota.
El de los cigarrillos de contrabando, generalmente desde Colombia y del Lejano Oriente, es un negocio que genera millones en el mercado ecuatoriano ya que las cajetillas se venden a un 50 % del precio oficial.
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Los vendedores ambulantes pueden ser observados por las principales calles, muchos de ellos a las mismas puertas del Palacio presidencial de Carondelet y de la Alcaldía, en la Plaza Grande.
«Diversas estadísticas señalan que aproximadamente el 30 % de comerciantes no regularizados en las calles de Quito expenden cigarrillos», expone la nota.
Y destaca que existen «cifras alarmantes que demuestran que entre 2015 y 2018 los cigarrillos expendidos de manera ilegal en el país pasaron de 18% al 55%», lo que significa que «uno de cada dos cigarrillos comercializados en Ecuador, no cumplieron con sus obligaciones fiscales y aduaneras».
«Estas cifras pueden ser traducidas en una pérdida de 141 millones de dólares en impuestos».
Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC, dijo que además de la «emergencia que vivimos y los grandes esfuerzos que hacemos por evitar aglomeraciones y proteger la vida de los quiteños», el contrabando de cigarrillos es también «una cuestión de salud pública, puesto que son productos que no poseen registro sanitario».
La destrucción de los cigarrillos se produce en momentos en que el Ministerio de Salud Pública, el Convenio Marco de la ONU para el control del Tabaco y representantes de grupos antitabaquismo, censuraron el miércoles pasado un proyecto de ley que promueve indemnizar a las tabacaleras por la pérdida de ingresos derivada del contrabando.
