Los fallecimientos en Ecuador en los primeros siete meses de este año experimentaron un incremento de más del 60 % con respecto al mismo período de 2019, lo que en términos absolutos se traduce en al menos 25.000 muertes adicionales.
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De enero a julio han fallecido unas 69.000 personas, según datos del Registro Civil procesados por Efe, una parte de los cuales están constatados en las estadísticas oficiales de la pandemia del coronavirus, aunque la gran mayoría no.
En el primer semestre del año pasado perdieron la vida 36.843 personas, y una estimación ponderada que incluye julio de 2019, elevaría esa cifra a cerca de 43.000 fallecidos.
Según los datos oficiales, hasta este jueves han fallecido por la COVID-19 5.657 personas en el país, en tanto que otras 3.468 son reconocidas como «fallecidos probables». En total: 9.125 decesos confirmados o probables.
DIFERENCIAS EN REGISTROS
Según esa suma, comparada con los datos del Registro Civil, el desfase de muertos se eleva por tanto a unas 16.000 personas, sin que se conozcan las razones de estos fallecimientos.
Alrededor de 12.000 de esos decesos se produjeron en la provincia de Guayas desde finales de marzo, cuando la ciudad fue el epicentro de la pandemia en Ecuador.
Hace unos meses, altos funcionarios de Gobierno explicaron a Efe que el único elemento diferenciador entre 2019 y 2020 era la COVID-19, por lo que no se podía descartar que muchos hubieran fallecido por la pandemia, aunque muchos otros, también por otras razones.
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En junio y julio Guayas ha retornado a sus niveles habituales de fallecimientos, alrededor de 1.800 mensuales, y los desfases se han trasladado a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
En esta región los fallecimientos se han incrementado en más del 40% de enero a julio, en relación al año pasado, saltando de unos 7.500 a más de 10.600, conforme a los datos del Registro civil con corte al 28 de julio.
El 95 % de ese diferencial de 3.000-3.100 muertos corresponde al período abril-julio, cuando la pandemia comenzó a hacer estragos en la capital ecuatoriana.
Y sin embargo, el Ministerio de Salud ecuatoriano contabiliza en esa provincia, en estos momentos la más contagiada del país con 14.655 casos, apenas 704 muertes por COVID-19, es decir, un desfase de unos 2.300 muertos.
FUNERARIAS SIN DESCANSO EN QUITO
Aunque sin datos globales, Sebastián Barona, gerente del grupo La Paz y coordinador de la Federación de Funerarias de Ecuador, confirmó a Efe que antes de la pandemia cremaban en Quito «alrededor de 8 cadáveres diarios y ahora casi 30″.
«Hemos incrementado personal, el número de horas de trabajo, el número de crematorios en nuestro grupo», explicó el funcionario.
En su caso, advierte que la mayoría de fallecidos son derivados de los hospitales de IESS (Seguridad Social), el hospital militar, el Eugenio Espejo, el Pablo Arturo Suárez, que «tienen un alto nivel de fallecidos».
«Desde el mes de mayo hemos notado un incremento de fallecidos en Quito. En mayo fueron alrededor de 500 fallecidos más con respecto al año pasado. En junio de 2020 tuvimos 700 fallecidos más. Y en julio todavía no cerramos estadísticas, pero el número es mayor, sobre todo en los servicios de cremación», agregó.
Por su parte, Danilo Calderón, gerente del hospital IESS Quito Sur, que ha detectado esta semana un ligero descenso en el ingreso de contagiados, dijo que en su centro han tenido «352 fallecidos confirmados por COVID-19» y en julio, «picos de 19 y 20 muertos en un día».
Ecuador, que registraba este jueves 84.370 positivos, declaró el 16 de marzo la emergencia sanitaria, pero a finales de mayo comenzó un proceso paulatino de reactivación que se ha traducido en un incremento de la propagación del virus.
El aumento de los casos ha llevado al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a ampliar desde el jueves de la semana pasada restricciones a la movilidad en la mayoría de provincias del país.
En esa línea se prohíben reuniones con más de 25 personas, se instauró la ley seca entre viernes y domingo en la mayor parte del país, y se amplió el horario del toque de queda en las jurisdicciones en las que rigen las nuevas medidas.
