Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1097, el presidente Lenín Moreno reformó el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades con el propósito de evitar que personas inescrupulosas hagan un mal uso de los beneficios contemplados en la normativa.
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Uno de los artículos reformados se refiere al beneficio de exoneración de tributos en la importación de vehículos para personas con discapacidad. Se establece que para acogerse a este:
«El valor permitido del vehículo automotor no podrá exceder de 60 Salarios Básicos Unificados (SBU), tomando en consideración el precio de venta en el que ese ‘año modelo’ salió al mercado, aplicando un 15% de depreciación anual para el primer año, 10% para el segundo año y 10% para el tercer año, considerando el tipo de cambio vigente para esa fecha, en el caso de que corresponda”.
Asimismo, se señala que no se considerará la importación de autos que hayan sido siniestrados, a pesar de que lleguen al país reparados. Además, para el cálculo de los años de antigüedad, se tomará en cuenta exclusivamente el periodo comprendido entre el año de modelo y el de embarque.
La reforma indica también que para acogerse al beneficio de la exoneración, al amparo de lo determinado en dicha ley, el Ministerio de Salud Pública emitirá la autorización electrónica correspondiente para la importación de bienes de uso exclusivo de las personas con discapacidad. Este documento será integrado a la Ventanilla Única Ecuatoriana.
El documento también establece dos transitorias
La primera, en concordancia con lo anterior, señala que “el Comité de Comercio Exterior, dentro del plazo de diez días, a partir de la expedición del Decreto, dispondrá la exigencia de la autorización electrónica para la importación de bienes y vehículos de uso exclusivo de las personas con discapacidad, emitido por el Ministerio de Salud Pública, como documento de soporte obligatorio en los procesos de comercio internacional”.
La segunda transitoria señala que laAgencia Nacional de Tránsito (ANT), dentro del plazo de 30 días, emita la normativa para la implementación de una placa diferenciada para vehículos destinados al uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad.
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Las reformas son parte de las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional para evitar que mafias o ciertas personas se aprovechen de los beneficios a los que acceden las personas con discapacidad.
En este ámbito se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, en contra de quienes han cometido un uso fraudulento de carnés de discapacidad y en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos que se encontrarían presuntamente involucrados en estos actos de corrupción.
