La Defensoría del Pueblo de Ecuador se pronunció sobre la situación de Quito ante el COVID-19, por lo que «exige» que el COE cantonal y el alcalde Jorge Yunda, que de manera urgente, exhorten al COE nacional para que se retorne al semáforo rojo hasta que se fortalezca el sistema de salud público y privado.
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Además, insiste en que el Ministerio de Salud «asuma, responsablemente, la situación actual de la ciudad y, considerando la declaratoria de estado de emergencia y estado de excepción, destine todos los recursos necesarios para ampliar la oferta de hospitalización en las zonas que, a escala nacional, se consideran como preocupantes, en especial, en la ciudad de Quito».
Asimismo, solicita que se implemente un plan urgente de detección rápida a través de la toma de pruebas confiables y se trasparente la información resultante de la pandemia.
Contagios en Quito representan el 18% del total nacional
La Defensoría del Pueblo, indicó haber recibido información directa por parte de servidores y servidoras de la salud, quienes expresan su preocupación por la inacción de las autoridades nacionales y locales en la aplicación de medidas oportunas que protejan el derecho a la salud y a la vida de las y los habitantes de la capital.
«Es de extrema preocupación que, en las últimas semanas, continúan creciendo aceleradamente los contagios de COVID-19 en todo el país, en un 54%, siendo Pichincha y Quito el centro de la pandemia; de igual manera, sobre el incremento del número de personas fallecidas y la tasa de mortalidad, con el agravante del alto subregistro debido a las pocas pruebas que se realizan», señala a través de un comunicado.
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De acuerdo al último informe emitido por el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, existiría un total de 68.459 personas confirmadas positivas de COVID-19, de las cuales, 10.681 se encuentran en Quito, es decir, cerca del 18% de los contagios. En los primeros 10 días de julio, las confirmaciones de los mismos aumentaron en un 33%.
Falsa sensación de seguridad
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo indica su preocupación sobre las «declaraciones incongruentes del Ministro de Salud, quien, el 2 de abril de 2020, aceptó que existen subregistros en los datos de contagios y advirtió que, en 120 días, cerca del 60% de la población, se contagiaría de COVID-19».
Al 13 de julio de 2020, el mismo funcionario aceptó que en la ciudad de Quito no existen Unidades de Cuidados Intensivos – UCI disponibles en el sistema de salud de la ciudad, pero minimizó esta realidad.
Como Defensoría del Pueblo, señalan que esta actitud pone en riesgo a los habitantes capitalinos. Asimismo, señalan que la implementación del proceso de detección a través de pruebas rápidas adquiridas por el Municipio de Quito proporciona una «falsa sensación de seguridad».
