El pasado 8 de julio del 2020, tres de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) exigieron al presidente de este organismo, Christian Cruz, sobre su obtención del carné de discapacidad y sobre sus beneficios que ha conseguido con este.
PUBLICIDAD
El pedido fue hecho por la vicepresidenta, Sofía Almeida, y las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, en la sesión del organismo. Cruz, aunque no respondió a cada de las acusaciones de Rivadeneira, dijo que el porcentaje de su discapacidad que muestra su carné responde al método baremo español que difiere con el que aplica el Ministerio de Salud.
El presidente del Cpccs tiene una discapacidad del 81% en su carné de discapacidad y ha ganado campeonatos de artes marciales. “Mi discapacidad no es física. Es visual y auditiva”, enfatizó y dijo que en noviembre próximo le corresponde someterse a una reevaluación.
Ante eso, Cruz advirtió que ha tenido una «recuperación progresiva»después de unos tratamientos por la discapacidad que le causó un golpe en la cabeza.
La consejera María Fernanda Rivadeneira le cuestionó que se haya beneficiado de exoneraciones tributarias para matricular una camioneta 4×4, basada en información de entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), así lo publica diario El Comercio.
También se le cuestionó que el porcentaje de su discapacidad «un 81% es muy grave que imposibilitaría realizar actividades sin ayuda de un tercero», agrego y es evidente que no es el caso de Christian Cruz.
Rivadeneira presentó una moción para que el Cpccs exija a Cruz que renuncie a la Presidencia y se acoja a una licencia hasta que aclare las acusaciones que afronta. Sin embargo, solo tuvo el respaldo de Almeida y Estupiñán, y no fue aprobada pero si le exigieron que se someta a “una reevaluación pública de su porcentaje de discapacidad”.
