Miembros de la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador (Coordinadec) acudieron este viernes a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investiguen los supuestos carnés de discapacidad falsos en poder de legisladores.
PUBLICIDAD
El colectivo, que aglutina a más de cincuenta asociaciones de discapacitados a nivel nacional, pidió que se realicen pesquisas a los asambleístas Fabricio Villamar, Israel Cruz y Marcia Arregui, a fin de que rindan su versión ante la denuncia del presumible uso doloso de acreditaciones de personas con minusvalía.
«Presumiblemente han aprovechado de la emisión a su favor de dicho documento, sin que sea notoria y pública la condición de discapacidad o discapacitante», reza la denuncia, presentada de manera conjunta con una agrupación de abogados.
El documento indica que esos diputados habrían empleado carnés de discapacidad para aprovecharse de los beneficios tributarios y aduaneros que se establecen en la Ley Orgánica de Discapacidades, que favorece la importación de vehículos con exoneración de aranceles e impuestos.
Sospechan que las acreditaciones habrían sido usadas para obtener una rebaja de pensiones alimenticias por parte de uno de los acusados.
Ante las acusaciones, los legisladores negaron la semana pasada las incriminaciones y justificaron su discapacidad.
El coordinador general de Coordinadec, Félix Galarza, exhortó a las autoridades de Justicia que realicen una «pronta» observación de los casos de supuestas irregularidades: «Queremos que salgan a la luz quienes están inmiscuidos en esto, no solo que quede a medias, queremos que se sepa todo».
PUBLICIDAD
También exhortaron a la Fiscalía que el Ministerio de Salud, entidad que emite los carnés, facilite las valoraciones médicas de los denunciados, y que también den su versión de los hechos las personas encargadas del proceso de otorgamiento.
Los representantes de la Coordinadora Nacional de Discapacidades ecuatoriana acudieron también al Consejo de la Judicatura para solicitar que se investigue a los servidores judiciales que se han beneficiado con un documento de persona discapacitada.
Dichos funcionarios estarían cometiendo una «infracción gravísima», establecida por la Ley Orgánica de la Función Judicial, que en su artículo 109 recoge como una ilegitimidad «proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento».
La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, aseguró la semana pasada en Twitter que no se tolerará «ningún acto de corrupción en la Función Judicial», y que había dado instrucciones para que se investiguen las sospechas.
La Coordinadora también acudió a la Defensoría del Pueblo para presentar una solicitud de amparo, con el objetivo de que se hagan respetar sus derechos como colectivo vulnerable.
«Queremos que el defensor del pueblo sea nuestro auspiciante y nos respalde para que se efectué la investigación de manera plena, como un ente neutro», señaló Galarza.
El pasado 1 de julio el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, adoptó seis medidas tras conocerse el presunto mal uso de los carnés para personas con discapacidad, entre ellas, la suspensión de la exoneración de aranceles para este tipo de vehículos.
Con información EFE
