El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado sobre la entrega de carnés de discapacidad. Justo un día después que en redes sociales se difundieron denuncias de supuesta entregas irregulares de estos documentos. Según la cartera de Estado, «a través de los procesos de seguimiento y control de los carnés de discapacidad, ha identificado una serie de inconsistencias e irregularidades».
PUBLICIDAD
Ante ello, el Ministerio aseguró que ha arbitrado un conjunto de acciones:
- Suspensión de claves de acceso al Sistema Informático de Línea (SIL), mientras se suscriben acuerdos de confidencialidad con cada funcionario que conforme el equipo de calificación.
- Presentación de las respectivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado, en contra de funcionarios y exfuncionarios de la institución, que de acuerdo a los procesos de control realizados, se encuentran involucrados en estos presuntos hechos de corrupción.
- Acciones administrativas sancionatorias en contra de los servidores que por su acción u omisión han incumplido con las normativas y sus obligaciones propias, de acuerdo a las investigaciones realizadas.
- Las denuncias continuarán presentándose, a medida que avanzan las acciones que se realizan a los expedientes físicos y a los digitales que constan en el Sistema Informático Línea (SIL).
- Revisión de la totalidad de los carnés de discapacidades entregados durante la emergencia sanitaria.
- Desarrollo del nuevo software del Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades, que automatizará el proceso de calificación para evitar manipulaciones en la emisión de los carnés.
- Emisión del Acuerdo Ministerial No. 00029-2020 del 1 de julio de 2020, a través del cual se reforma el “Reglamento interno para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con Discapacidad o con Deficiencia o Condición Discapacitante”, a fin de fortalecer los procesos de calificación y evitar la utilización dolosa de este beneficio y derecho de las personas con discapacidad.
Asimismo, el Ministerio mencionó que ha tomado «las medidas necesarias para denunciar y sancionar a los funcionarios responsables de la emisión fraudulenta de los carnés de discapacidad». Así como garantizar que los beneficios sean canalizados a las personas que por ley les corresponde.
