La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este miércoles que sospecha de un nuevo derrame petrolero en la cuenca del río Coca, pese a que las autoridades lo descartan y aseguran que es un remanente de otro percance anterior.
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Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), filial de la Conaie, aseguró que este nuevo suceso pondría en riesgo a comunidades que se asientan en la región.
El propio Vargas, junto al presidente de la Conaie, Jaime Vargas, mostraron la contaminación del afluente mediante un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de la organización indígena amazónica.
«En todas las riveras de los ríos Coca y Napo hay restos de petróleo, pero la gente sigue consumiendo (pescado de esos afluentes), porque es la única fuente de alimentación que tienen» dijo Jaime Vargas a Efe.
Según los dirigentes indígenas, el hecho habría ocurrido este lunes tras romperse un oleoducto en el mismo sector donde ya ocurrió una rotura el pasado 7 de abril.
Los indígenas culpan a las empresas petroleras, la privada Oleoductos de Crudos Pesados y la estatal Petroecuador, de ser las responsables de los vertidos que han causado efecto en la salud de los habitantes amazónicos.
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«Hay una fuerte afectación a la vida misma porque se han quedado sin agua, además no tienen servicios básicos», recalcó el presidente de la Conaie.
Sin embargo, Petroecuador aclaró este lunes que «no se ha producido un nuevo derrame de hidrocarburos en el oriente ecuatoriano» y que las operaciones en el estatal Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) «son estables».
La petrolera ecuatoriana señaló que la presencia de crudo advertida recientemente por los líderes indígenas seguramente corresponde a remanentes estancadas desde el percance del pasado 7 de abril, cuando se produjo la rotura del SOTE, del OCP y de un «Poliducto» de derivados, tras registrarse un socavón de tierra en un sitio por donde pasaban las tuberías.
Esa rotura, ocurrida en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias amazónicas de Sucumbíos y Napo, provocó la contaminación de los ríos Coca y Napo, aunque las empresas OCP y Petroecuador coincidieron en que se habían atendido los efectos sanitarios, sociales y ambientales causados.
No obstante, los dirigentes indígenas amazónicos presentaron ante la justicia una acción de protección con medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas, debido al impacto causado por el vertido.
Jaime Vargas, el presidente de la Conaie, volvió a pedir una «reparación integral inmediata», pues dijo que hasta el momento «el Estado no ha dado respuesta».
Según él, los ministerios de Salud y Ambiente, que debían atender la emergencia, «no responden al pueblo sino al Estado o a la empresa» privada.
Petroecuador, de su lado, insistió en que desde el pasado lunes se han activado «equipos de remediación ambiental» y se han establecido «cuatro puntos de control» como medidas para evitar afectaciones a las poblaciones ubicadas en las riberas de los ríos afectados.
El SOTE, de unos 500 kilómetros de longitud y que corre paralelo al OCP, tiene una capacidad de transporte de 360.000 barriles de crudo por día y une los campos de extracción en la región Amazónica (noreste) con los puertos de embarque en la provincia costera de Esmeraldas (noroeste).
Ecuador, que produce unos 530.000 barriles de petróleo diarios, basa su economía en la exportación de crudo, una de las principales fuentes de ingreso de divisas para una economía que está completamente dolarizada desde el año 2000. EFE
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