La Corte Constitucional suspendió este miércoles la vigencia de un polémico acuerdo formulado por el Ministerio de Defensa sobre el uso progresivo de la fuerza, que grupos de derechos humanos temen que pueda dar paso a eventuales abusos al reprimir protestas.
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La Defensoría del Pueblo, en su portal Twitter, comentó la decisión de la Corte Constitucional, que seguirá con el trámite al pedido de inconstitucionalidad del acuerdo presentado por organizaciones de derechos humanos el pasado 10 de junio.
La Corte Constitucional «resuelve admitir acción de inconstitucionalidad planteada sobre el acuerdo ministerial No. 179 y dispone la suspensión de su aplicación hasta que el Pleno adopte una decisión» final, escribió la Defensoría.
Además, difundió un texto con la resolución de la Corte, en la que el organismo de control constitucional resolvió admitir la acción pública de inconstitucionalidad, «sin que esta decisión implique prejuzgamiento sobre la materialidad» de la petición de los grupos de derechos humanos.
Por ello, decidió «suspender la vigencia del acuerdo ministerial No. 179» de la cartera de Defensa, hasta que el pleno de la Corte Constitucional «adopte una decisión sobre el fondo del caso».
El tribunal, además, comunicó su decisión a la Asamblea Nacional (Parlamento), la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, para que, en un plazo de quince días, planteen sus consideraciones del caso.
El pasado 19 de junio, la organización internacional Human Rights Watch exhortó a Ecuador a restringir las nuevas facultades concedidas a las Fuerzas Armadas a la hora de intervenir en funciones de seguridad pública, al considerar que «podría alentar el uso de la fuerza letal» contra civiles.
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El llamado «Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas» fue publicado en el Registro Oficial (libro de leyes del Estado) el 29 de mayo y supone una reforma a los modos y funcionalidades de intervención y conducta de las fuerzas militares en situaciones de disturbios y resistencia social interna.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, consideró que esa nueva normativa podría alentar al uso letal de la fuerza contra civiles.
«A las Fuerzas Militares se las entrena para la guerra, no para participar en operativos de orden público (..) Otorgarles facultades que van más allá de las permitidas según estándares internacionales para el uso de la fuerza letal durante manifestaciones, es una medida que podría generar graves abusos», advirtió Vicanco.
Varios grupos de derechos humanos de Ecuador denunciaron hace meses a policías y militares por el uso excesivo de la fuerza durante las duras manifestaciones de octubre pasado, que duraron catorce días y que finalizaron luego de que el presidente Lenín Moreno derogó un decreto que elevaba el precio de los combustibles.
Una acusación que el Gobierno descarta al asegurar que se emplearon en todo momento medios no letales de contención de masas y denunciar, a su vez, que fueron los manifestantes los que recurrieron a un uso excesivo de la fuerza no contemplado por la ley para estos casos.
Con información EFE
