La ministra María Paula Romo, durante una entrevista con el periodista Carlos Vera (programa Veraz), habló sobre la posibilidad que tienen los legisladores en recomendar cargos.
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Romo indicó que existe una enorme diferencia entre recomendar y gestionar a personas para cargos. La funcionaria señaló que es grave que exista un intercambio de favores o votos.
“Lo que es no solamente grave, sino que va contra la ley es una especie de intercambio de favores o de decisiones. Lo que de ninguna manera es ilegal, es preguntar, consultar o recomendar nombres para 2 700 cargos de libre remoción”, acotó
¿Es ilegal recomendar nombres para cargos?
No. Si lo que están haciendo lo legisladores es decir: yo creo que en mi provincia sería un excelente funcionario tal persona, eso no es ilegal. Lo puede hacer usted (refiriéndose a Carlos Vera) y lo puede hacer la sociedad civil y lo puede hacer un empresario.
“Lo que es ilegal es decir: por un voto yo quiero esto.»
¿Gestionar cargos públicos es ilegal?
«Eso sí, responde María Paula Romo. Lo que se prohibe es que los legisladores se dediquen a las designaciones. Pero, que podamos conversar sobre cuál es el mejor perfil para un cargo en una provincia, con los más cercanos, eso no es ilegal.»
Carlos Vera, señaló a Romo que ella está interpretando la ley.
¿Qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa?
Art. 163.- De las prohibiciones.- Las y los asambleístas no podrán:
- Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita;
- Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional;
- Gestionar nombramientos de cargos públicos;
- Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta;
- Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado;
- Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado; y,
- Celebrar contratos de ejecución de obra o de prestación de servicios con entidades del sector público.
Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto a continuación, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar.
