Un juez argentino envió a juicio a la viuda y al hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista colombiano Mauricio «Chicho» Serna. La razón de investigación son las millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas internacional.
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Según informaron este jueves fuentes del Ministerio Público Fiscal, María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín y el exjugador de la selección colombiana y de clubes como Boca Juniors son tres de los nueve imputados que se sentarán en el banquillo, tal y como dispuso el Juzgado Federal 3 de la ciudad bonaerense de Morón, dirigido por el magistrado Néstor Barral.
La investigación apunta a que todos ellos -entre los que también se encuentra el empresario Mateo Corvo- habrían realizado un aporte «esencial» para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder del Cartel de Medellín.
La elevación a juicio la había solicitado la Fiscalía en agosto de 2019.
A la viuda y al hijo de Escobar, que viven en Argentina, se les acusa de haber efectuado un «aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada», al haber sido quienes en 2007 supuestamente «introdujeron y unieron» los intereses de Piedrahita Ceballos y Corvo.
En junio de 2018, al conocerse los procesamientos judiciales, la Fiscalía señaló que existe documentación que acredita que Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedrahita Ceballos como inversor de los proyectos que llevaba adelante Corvo, quien reconoció a favor de madre e hijo una comisión del 4,5 % del total de la inversión realizada.
Barral considera que la viuda y el hijo de Escobar «efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales» del colombiano y «estaban al tanto de la imperante necesidad de Corvo de obtener inversores para financiar sus proyectos inmobiliarios».
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El caso en Argentina se inició a raíz de una investigación preliminar desarrollada por la Procuraduría de Narcocriminalidad, a partir de información enviada por Estados Unidos, que apuntaba a vínculos del colombiano con personas físicas y jurídicas del país suramericano. EFE
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