Ecuador se acogió a la cláusula de «Fuerza mayor» en cuanto a las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos debido a la nueva paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Así lo confirmó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
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La cláusula de «Fuerza Mayor» se aplica a operaciones relacionadas con contratos en ejecución de actividades exploratorias y de extracción de hidrocarburos, explica el comunicado.
Consultadas por Efe, fuentes del ministerio aclararon que la declaración por el momento no afectaría al suministro, pero que se adopta por si el plazo de paralización se viera extendido.
La suspensión de actividades en el SOTE, desde la madrugada del miércoles, responde a la construcción de dos desvíos en la tubería, uno de 380 metros y otro de 690, con el fin de salvaguardar la integridad del oleoducto tras un nuevo socavón en el sector de San Rafael, límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, en el norte del país.
«Se estima que los trabajos de construcción a cargo de técnicos de Petroecuador concluyan en el lapso de cinco días y que, con esto, se logre alejar esta infraestructura petrolera alrededor de 230 metros del margen del río Quijos», informó el titular de Energía, René Ortiz.
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MEDIDA PREVENTIVA
El ministerio ha dispuesto a Petroecuador las acciones de coordinación necesarias con la también empresa pública Petroamazonas, las firmas privadas usuarias del servicio que presta el SOTE y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a fin de optimizar la capacidad de almacenamiento existente durante el tiempo que dure la emergencia.
El SOTE, que transporta el grueso de la producción petrolera de Ecuador, dejó de operar el miércoles, tan sólo un mes después de haber sido reparado por una rotura el pasado 7 de abril.
Pablo Flores, gerente de Petroecuador, explicó que la decisión de suspender el bombeo se tomaba para evitar «cualquier afectación ambiental, en caso de presentarse una nueva rotura a causa del avance de la erosión regresiva» de la ladera que encauza el afluente.
Precisó que el crudo que permanecía en el tramo de la tubería ubicado en la zona del fenómeno geológico fue evacuado en camiones hasta unos depósitos situados en la zona de Baeza.
El pasado 7 de abril los estatales SOTE y un poliducto para gasolinas, así como el privado OCP, sufrieron sendas roturas provocadas por un gran socavón en el sector de San Rafael, paralizando la actividad petrolera del país.
A principios de mayo los tres servicios reanudaron sus actividades tras concluir las reparaciones en la misma zona del percance.
En este caso, las exportaciones petroleras del país no se verán afectadas debido al stock de crudo existente en la Terminal de Balao.
DERRAME
El SOTE, de unos 500 kilómetros de longitud, tiene una capacidad de transporte de 360.000 barriles de crudo por día y conecta los campos de extracción en la región Amazónica (noreste) con los puertos de embarque en la provincia costera de Esmeraldas (noroeste).
Tras la rotura en abril organizaciones indígenas y de derechos humanos presentaron recursos judiciales para proteger a unas 120.000 personas afectadas por el derrame de crudo generado por la avería.
Los denunciantes indicaron que el derrame -que calculan en más de 15.000 barriles-, afectó a «105 comunidades indígenas de las nacionalidades kichwa y shuar» que habitan en la provincia de Napo; además de otras 60 en las vecinas Francisco de Orellana y Sucumbíos.
Varias organizaciones internacionales no gubernamentales se han adherido a las denuncias de los grupos ecuatorianos y exigido al Estado la atención inmediata a sus demandas.
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