El ministro de Finanzas, Richard Martínez, a través de una entrevista señaló, que por el momento no se plantean más medidas económicas para afrontar la crisis que atraviesa el Ecuador a causa de la emergencia sanitaria.
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Existe tres bloques para esta reestructuración económica, señaló Richard Martínez: reducir el tamaño del Estado, aprovechar el precio del petróleo para modificar la fórmula para el valor de los combustibles y el componente de reactivación productivo (reapertura, acuerdo entre las partes y programa de reactivación productiva)
El ministro señaló que la caída de ingresos que sufre el Ecuador llevó a limitar la capacidad de financiamiento del Estado. Por esta razón, se llevo a ejecutar las medidas económicas, en simples palabras.
¿El Gobierno asumirá medidas adicionales?
«Por el momento, estás decisiones tiene que implementarse. Creo que hay que tener un justo balance: el esfuerzo de la ciudadanía y la expectativa de recuperación en las próximas semanas. No vamos a regresar, de ninguna manera, a un escenario anterior como vivíamos antes al menos en unos años»
No se tiene previstas decisiones adicionales, se seguirá trabajando en procesos de más eficiencia dentro del Estado, señaló Martínez
Debido a las medidas económicas anunciadas por Lenín Moreno el martes 19 de mayo, grupos sociales han instado a movilizaciones. La “precarización laboral” y los altos índices de desempleo son temas que preocupan a los ecuatorianos.
Marcelo Manosalvas, miembro del Frente Popular, dijo que los dirigentes de esta organización se reunieron con los líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y acordaron realizar plantones en Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Urcuquí.
En ese sentido, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (Feue) manifestó mediante un comunicado de convocatoria a la movilización, que el Gobierno de Moreno redujo el 25 por ciento del salario de los trabajadores de la educación, al igual que disminuyó en una hora las actividades laborales del personal educativo.
Seguidamente, la Feue denunció que el mandatario ha liquidado empresas públicas para privatizarlas, lo que produjo el despido de 8.000 servidores públicos, colocando en riesgo la estabilidad laboral y aumentando la desigualdad social en el país suramericano.
