Este lunes 18 de mayo se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de la exdirectora de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y otros cuatro funcionarios por la denuncia del sobreprecio en kits de alimentación durante la emergencia sanitaria.
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La Fiscalía solicitó ordenar prisión preventiva en contra de Ocles y tres personas más. Para el cuarto procesado, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, pidió medidas alternativas a la prisión como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial.
Sin embargo, la jueza penal de la Corte Nacional de Justicia, Dra. Daniella Camacho, negó la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía General del Estado e impone a los procesados medidas cautelares de carácter personal y real establecidas en el Art. 522 numeral 1 y 2 del COIP. Esto significa prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente.
Medidas cautelares para Ocles y tres funcionarios:
Para Ocles y Egas la presentación periódica será los lunes de 8:00 a 12:00 en Quito, en la CNJ.
Para Obaco y Carvajal la presentación periódica será los lunes de 8:00 a 12:00 en la Corte Provincial del Guayas.
Para Rivadeneira la presentación periódica será los lunes de 8:00 a 12:00 en la Corte Provincial de Manabí.
Además ordenó la retención de fondos de sus cuentas bancarias por un monto de 5 000 dólares y la prohibición de enajenar bienes por un monto de $475.638.080
La diligencia se instaló a las 10:08 en la Corte Nacional de Justicia, norte de Quito. Alexandra Ocles acudió junto a su defensa, Guido Prado. En su intervención, la exdirectora de Riesgos dijo que a «lo largo de tantos años de trabajo nunca ha tenido ningún tipo de dificultad que manche su nombre y nunca a utilizado su cargo para beneficiar a nadie. Está aquí porque ella es la primera interesada en que se investigue y se actúe en Justicia y no por una presión mediática«, agregó y ratificó su disponibilidad para colaborar con la justicia.
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La Fiscalía investiga un presunto sobreprecio en la compra de 7 000 kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos para entregar a familias afectadas por el covid-19.
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