El Gobierno ecuatoriano inició este jueves la segunda etapa de entrega de bonos de protección familiar, que está previsto beneficie a 550.000 personas, y que se sumará a otro bono social que en una primera etapa tuvo 400.000 beneficiarios.
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Así lo informó la Secretaría Genera de Comunicación de la Presidencia al referirse a una iniciativa que se oficializó tras la firma de un decreto ejecutivo por parte del presidente, Lenín Moreno, el pasado 24 de abril, para hacer frente a la situación económica que atraviesan numerosos hogares ecuatorianos por la pandemia de COVID-19.
En total, 950.000 familias accederán a un total 120 dólares, correspondientes a los bonos por valor de 60 dólares al mes, como resultado de las entregas en las diferentes etapas.
En esta nueva fase, los bonos se terminarán de desembolsar en junio, y para ello, desde este jueves se notificará a las personas que obtendrán la asistencia económica.
Los días para recibir el pago se determinan en función del último número de la cédula del beneficiario. Por ejemplo, si termina en 3, el cobro podrá efectuarse en las fechas 3, 13 o 23.
Además, en la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social (www.inclusion.gob.ec), se puede consultar si una persona puede o no acceder al Bono de Protección Familiar.
Las autoridades han dispuesto 10.200 puntos de pago en todo el territorio nacional.
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Los beneficiarios de la primera etapa de entrega del bono, que no realizaron el cobro el mes pasado, podrán acceder a los 120 hasta finales de junio.
En abril, alrededor de 400.000 familias cobraron un bono de asistencia social del Ejecutivo ecuatoriano.
Entre los beneficiarios el 88 por ciento son mujeres (351.916) y el 45 por ciento, jefas del núcleo familiar.
Además, del total de mujeres que accedieron a esta ayuda, el 33 por ciento son madres de un menor de edad.
El presidente dispuso la semana pasada la disminución del 50 por ciento de la remuneración de presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros.
En el decreto que dio paso al recorte, argumentó que la decisión se toma debido a la disminución de ingresos producto de la bajada de los precios del petróleo y la crisis sanitaria por COVID-19 y su grave impacto a la economía ecuatoriana.
Con información de EFE
