La Presidenta del Consejo de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, dictó la medida cautelar de suspensión en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días contra los agentes fiscales de Imbabura, Andrés J. y Sandra Q.
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El primero por ser el protagonista de un altercado en una «fiesta» y la segunda será investigada por conocer el caso y liberarlo.
El hecho ocurrió en el sector de Aloburo, norte de Ibarra. El agente fiscal y dos acompañantes habrían organizado una «fiesta» junto a tres trabajadoras sexuales a las que habría pagado 50 dólares.
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Pero lo que empezó como un festejó terminó en un escándalo. Los policías llegaron al lugar tras responder a una llamada de auxilio de una de las mujeres.
Según las primeras versiones, las chicas habrían sido grabadas por uno de ellos, la mujer le arrebató el celular y el dueño del inmueble las amenazó con un arma de fuego para que le devuelva el teléfono.
Tras el hecho, la Fiscal a cargo no pidió la detención de los implicados y fue suspendida para realizar una investigación de su actuar.
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En un comunicado, el Consejo de la Judicatura expresa, de acuerdo a un informe remitido por la Dirección Provincial del CJ de Imbabura, el fiscal Andrés J., en compañía de otros ciudadanos, habría incurrido en supuestas faltas disciplinarias, además de estar inmerso en presuntos delitos como: intimidación y tenencia de armas.
El Director Provincial del CJ de Imbabura y la Fiscal General del Estado, solicitaron a la Presidenta del Consejo de la Judicatura que emita la medida cautelar de suspensión en contra de los referidos servidores judiciales, por tratarse de un caso de conmoción social y por existir un presunto cometimiento de infracciones disciplinarias, verificándose de esta manera, el cumplimiento de los requisitos de gravedad y urgencia para suspender temporalmente a los servidores judiciales.
De esta manera prevenir que se lleguen a producir daños graves en la prestación del servicio de justicia; disponiendo además que la resolución pase al conocimiento del Pleno, a fin de que resuelva la situación disciplinaria de los mencionados fiscales.
La institución permanecerá vigilante de las actuaciones de todos los integrantes de la Función Judicial y ejercerá su potestad disciplinaria en el marco de la ley y el debido proceso, en aquellos casos en los que se compruebe una inadecuada actuación por parte de los funcionarios judiciales.
