La Procuraduría General del Estado señaló que se opone a la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, condenada por un caso de cobro de diezmos a excolaboradores. Así lo informó la entidad este martes 3 de febrero.
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La posición se fundamenta en que no se cumple con el requisito establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere a que la ejecución de una pena podrá suspenderse, cuando ‘los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena'», indica la Procuraduría en un comunicado.
Y considera que la conducta de la sentenciada es «muy grave puesto que, por el delito de concusión que cometió en contra la eficiencia de la administración pública, faltó y defraudó la confianza depositada en ella por el pueblo , abusando además de la alta función que ostentaba al ejercer un cargo de elección popular».
Vicuña fue condenada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, el pasado jueves 30 de enero, ella señaló que pedirá la suspensión de condena.
Sin embargo, la Procuraduría señala que La Ley «determina varias conductas, entre ellas la concusión, calificándolas como imprescriptibles tanto en la acción como en la pena. Por lo tanto, la gravedad que la norma da a esta conducta es indiscutible, incumpliéndose así el requisito antes mencionado para la suspensión de la ejecución de la pena».
Según el Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, “el suspender la ejecución de la pena podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, enviándose un mensaje errado a la ciudadanía, causando así un efecto adverso en la moral pública”.
Con información de EFE
