Ecuador: Se propone mantener la pensión alimenticia hasta los 24 años, pero con una condición

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) presentaron a la Asamblea Nacional, un conjunto de aportes a las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que plantean un Sistema de Protección de sus derechos con una justicia especializada y ágil. Entre ellos, para los jóvenes, se garantiza el derecho a la educación al mantener una pensión alimenticia hasta los 24 años de edad siempre que cursen la universidad. Actualmente esta obligación se prorrogará hasta los 21 años. El ministro del Inclusión Económica y Social, Iván Granda, dijo que este proceso participativo consolida un marco jurídico que protege a niñas, niños y adolescentes. “Este es una gran oportunidad de unir al país en función de un solo concepto: primero es la niñez, en un marco de multiculturalidad y la plurinacionalidad”. Francisco Cevallos, presidente del CNII, señaló la necesidad de contar con una legislación especializada que garantice atención, prevención y sanción; así como la reparación integral de sus derechos, sin revictimizarlos. El planteamiento legal visibiliza, indentifica e incorpora los diferentes tipos de violencia como la física, psicológica, sexual, cibernética, gíneco obstétrica y simbólica; en la legislación vigente solo se reconocen el maltrato físico y psicológico. En el tema de adopciones se propone reducir el tiempo del proceso judicial y administrativo a 1 año, como máximo, y así garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a una familia idónea. Se establece que el CONA sea la normativa que prime en los procesos de adopciones, conforme a los criterios de la Corte Nacional de Justicia. Tras recibir la propuesta, el presidente de Asamblea Nacional, César Litardo, invitó a todos los asambleístas a unirse para trabajar por estas reformas y garantizar que se aprueben en el menor tiempo posible. Se comprometió a crear una unidad de seguimiento para garantizar la ejecución de la ley, después de su aprobación.   Sara Oviedo, representante de la sociedad civil, destacó el apoyo político que no se había tenido antes con este proceso concordante con la realidad actual y con las necesidades de niñas, niños y adolescentes.