La muerte de un manifestante que se cayó a un foso con cables y presuntamente se electrocutó la noche del viernes durante una manifestación que fue violentamente reprimida por la Policía ha conmocionado a Chile, un país que vive desde hace más de dos meses su crisis más grave en décadas.
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El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha monitoreado el estallido social desde el inicio, pidió en sus redes sociales que la muerte del joven, un varón de unos 40 años, «se esclarezca lo más rápido posible».
El manifestante llegó sin signos vitales a un hospital capitalino y. Según medios locales, cayó a una fosa electrificada mientras escapaba de un carro lanzaagua de la Policía en los alrededores de Plaza Italia, pero aún no hay una versión oficial sobre lo sucedido.
«Otra persona muerta. Carabineros dice que procedimiento es orden de intendente. Intendente dice que Carabineros se mandan solos. Ministro Blumel brilla por su ausencia y de Piñera declaraciones megalómanas. Esto no puede seguir por dos años. La oposición unida debe tomar medidas ya», publicó el Twitter la diputada comunista Camila Vallejo.
Cientos de personas acudieron la tarde del viernes a Plaza Italia, convertida en epicentro de la convulsión social y renombrada por los manifestantes como «Plaza de la Dignidad», a protestar contra la desigualdad y el Gobierno, como cada viernes desde hace más dos meses y medio.
En la zona había decenas de Carabineros (Policía chilena) y durante horas se dieron cruentos enfrentamientos entre manifestantes y agentes, que usaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar la concentración.
El gran despliegue policial despertó las críticas de una parte de la sociedad chilena, que defiende el derecho libre de manifestación.
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Una de las crisis más graves
La crisis, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha dejado ya al menos 25 muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
El cuerpo policial está en el punto de mira por su dureza en la dispersión de las protestas y ha sido acusado de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos por diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).
El INDH ha interpuesto desde el inicio de las revueltas un total de 943 denuncias contra agentes del Estado, de las cuales 750 por torturas y tratos crueles y 134 por violencia sexual.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
