Un grupo de expertos de Naciones Unidas sobre afrodescendientes expresó este viernes en Quito su preocupación a cerca de la situación de este colectivo en Ecuador, debido a que no se han podido implementar de manera efectiva las leyes y políticas que apuntalen sus derechos.
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Durante la presentación de este informe preliminar, el jamaiquino Ahmed Reid, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU, especificó que, a pesar de las «disposiciones progresistas de la Constitución» ecuatoriana, los afrodescendientes en este país «continúan sufriendo de discriminación racial».
La discriminación se aprecia «particularmente en relación a su acceso a la justicia, la seguridad, la tierra, el agua potable, la educación, la atención medica, la vivienda y las oportunidades de crecimiento económico», señaló Reid.
El grupo de trabajo aseguró que la educación «es un derecho que se le ha negado a la población afroecuatoriana» y que, aunque hay una «acción afirmativa» en los centros académicos para admitir a estudiantes afrodescendientes, estos «no logran ser admitidos en las universidades debido a la baja calidad de la educación recibida en los niveles de primaria y secundaria».
Entre los casos de violación de derechos humanos hacia la comunidad afrodescendiente, el Grupo de Trabajo de la ONU se mostró «profundamente preocupado» por las denuncias de supuesta «impunidad y las continuas violaciones» de los derechos laborales en el caso de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C.A., un proceso de supuesta explotación laboral.
«Según información recibida, durante 56 años, los ecuatorianos de ascendencia africana han trabajado para la empresa (japonesa) en condiciones deplorables», según el informe, que además especifica que los infantes nacidos en las haciendas no habían sido registrados al nacer.
Asimismo, asegura que los niños en esa plantación se veían «obligados a trabajar en vez de ir a la escuela», no había acceso a salud u otros servicios y que tanto padres como hijos carecían de documentos de identidad.
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El Grupo de Trabajo de la ONU recomendó el cierre de esa empresa e instó a registrar los nacimientos de los hijos de los trabajadores, la entrega de documentos de identidad a quienes no los tengan, que los empleados de Furukawa y sus hijos reciban becas de estudio en escuelas y universidades y que también cuenten con acceso total a la atención médica, vivienda y mercado formal de trabajo.
Por otra parte, también pidió al Estado ecuatoriano intensificar las campañas de concienciación contra la discriminación racial, asegurar el acceso a la educación de calidad para todas las comunidades afrodescendientes, la etnoeducación, garantizar el acceso a la justicia, la seguridad, la tierra, el agua potable atención médica, vivienda y otras oportunidades económicas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los afrodescendientes son el 7,2 por ciento de la población ecuatoriana, pero representan al 40 por ciento de los ecuatorianos que vive en condiciones de pobreza. EFE
