Estados Unidos denunció este miércoles en la ONU la criminalización de la homosexualidad que sigue dándose en 69 países y se comprometió a trabajar en todo el mundo para acabar con esas normas y proteger a los miembros de la comunidad LGBTQ.
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«Ninguna persona debería ser lastimada, torturada o asesinada por su orientación sexual», subrayó la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Kelly Craft, en un acto organizado por su delegación.
Craft defendió que Estado Unidos no puede guardar silencio cuando 69 estados consideran ilegales las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo.
«¿Vamos a fracasar a la hora de hablar en defensa de estos individuos? La respuesta es que no podemos y no lo haremos», insistió la diplomática, que recordó que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, se ha comprometido a defender el derecho de todos los ciudadanos del mundo «a vivir dignamente».
«Por eso la Administración Trump está trabajando con otras naciones para terminar con la criminalización de la homosexualidad», apuntó.
El embajador de EE.UU. en Alemania, Ric Grenell, uno de los rostros de este esfuerzo por parte de Washington, defendió que los países que aún tienen estas leyes contra los homosexuales deben «sentir la presión» internacional.
Así, Grenell leyó uno a uno el nombre de los estados donde la homosexualidad está considerada ilegal, que incluyen muchas naciones africanas (entre ellas Kenia, Somalia, Sudán, Argelia o Marruecos), de Oriente Medio (como Irán, Irak, Siria, Arabia Saudí o el Líbano), Asia (Afganistán, Bangladesh, Pakistán o Malasia) y del Caribe (Barbados, Jamaica o Dominica, entre otras).
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En nueve de esos países, incluidos Irán, Arabia Saudí o Yemen, las relaciones entre personas del mismo sexo se castigan incluso con la pena de muerte.
Grenell apuntó que es necesario elaborar 69 «planes de acción» distintos para tratar de avanzar en cada país, en lugar de intentar aplicar a todos el mismo modelo.
En el acto intervino además la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, quien aseguró que tras una reciente reunión con Grenell se decidió a comenzar a trabajar activamente en esta causa.
Según dijo, en esa cita comprendió que «como una jueza presidenta abiertamente gay» tiene una «gran responsabilidad» en este ámbito.
«Si hay alguna forma en que podamos unir, al menos a las naciones del Caribe, y ayudar a hacer que este movimiento avance en las naciones alrededor de Puerto Rico, allí estaré para apoyar como pueda», señaló Oronoz. EFE
