Un día después de que la Asamblea Nacional tumbara la «Ley para el Crecimiento Económico», el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pidió «responsabilidad» para superar un «problema estructural» en Ecuador: «el déficit fiscal crónico».
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Así lo solicitó el ministro en una comparecencia este lunes ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, en la que se sorprendió por la decisión de los legisladores de tumbar su proyecto.
Martínez señaló que «en el país hay un problema estructural que tiene que ser resuelto: el déficit fiscal crónico», y pidió «una discusión seria y responsable en el seno de la Asamblea para dar alternativas reales».
La comparecencia tiene lugar un día después de que el proyecto fuera rechazado, dejando patente la debilidad del Gobierno de Lenín Moreno a la hora de reestructurar las finanzas del país, exigencia que le planteó el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de concederle en mayo una línea de crédito.
El pasado 13 de agosto, tras una ola de disturbios sin precedentes en el país, Moreno también accedió a derogar un decreto por el que eliminaba el subsidio al precio de los combustibles, con lo que pensaba incrementar la recaudación en unos 1.500 millones de dólares.
Martínez señaló que uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es la reducción del déficit fiscal y para ello se debe contar con fuentes de recursos.
Por lo que cuestionó que la Asamblea Nacional haya negado la Ley para el Crecimiento Económico que «garantizaba unos 700 millones de dólares en ingresos al Estado con aportes de las personas y empresas que más tienen».
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La última negativa de la Asamblea, según un comunicado del ministerio de Finanzas, ha tenido «efectos en los mercados internacionales» y el Riesgo País se ha incrementado sobre «los 1.000 puntos», lo que pone más dificultades para obtener financiación en los mercados.
En relación a la propuesta de Presupuesto General del Estado para 2020, el secretario de Estado destacó que esta se sustenta en los pilares del «Plan de Prosperidad» relacionados con la Consolidación fiscal y estabilidad monetaria y con la igualdad de oportunidades y protección social.
Aseguró que la «Pro forma 2020» cumple con la Ley y con las reglas fiscales y contempla más de 2.100 millones de dólares en transferencias a la Seguridad Social, 382 millones de participación petrolera a los gobiernos locales amazónicos y cobertura total de gastos permanentes con ingresos permanentes.
Además, aseguró el cumplimiento de la exigencia constitucional de incremento del 0.5% tanto para el Sistema Nacional de Salud como para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato, sectores que recibirán más de 1.110 millones de dólares adicionales.
Tras la anulación del decreto de los subsidios en octubre y, ahora, de la Ley de crecimiento económico, el Gobierno ecuatoriano se encuentra en un completo bloqueo para poder cumplir sus compromisos frente a entidades internacionales que le habían prometido más de 10.200 millones de dólares en cómodos créditos.
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