La Contraloría General del Estado comenzó su proceso de recuperación de documentos de sus investigaciones a partir de soportes digitales y de su capacidad operativa. El contralor, Pablo Celi, anunció que ordenó el inicio de una auditoría sobre el uso de recursos públicos en la prefectura de Pichincha.
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Después de la ola de manifestaciones de 11 días, donde el edificio de la Contraloría fue incendiada, unos 1.200 empleados de la matriz de la CGE, en Quito, cumplen sus funciones en las oficinas de la Superintendencia de Bancos y atienden al público. Esas oficinas están en la avenida 12 de octubre y Madrid.
Celi informó a los medios que el «Data Center» de la institución ha sido reubicado y se encuentra operativo, lo que permite el funcionamiento de los servicios web de la institución.
Durante los días de paro nacional, autoridades del Gobierno señalaron a la Prefectura de Pichincha por presuntamente facilitar vehículos institucionales para el cierre de vías en Quito. Ante eso, el contralor anunció que en los próximos días se darán a conocer los resultados de los nuevos exámenes especiales.
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El contralor dijo que existe un proceso de «recuperación de información» y que se ha trasladado al funcionariado a varias entidades del Estado para retomar las actividades.
Se reveló además en la rueda de prensa que el fuego afectó «solo los procesos que estaban en la matriz en Quito». Celi apuntó que están en funcionamiento «todas las directrices de la Contraloría en el país».
«La memoria institucional no está tocada (…) como tampoco está tocada la voluntad institucional de sacar adelante los procesos de auditoría transparentando el uso de recursos del Estado», sentenció al ser interpelado sobre investigaciones relativas al gobierno del expresidente Rafael Correa.
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Con información de EFE
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