La empresa pública Petroecuador reinició este domingo la exportación de petróleo, una vez que recuperó la producción de crudo, afectada por once días de manifestaciones sociales contra la eliminación de los subsidios a los combustibles.
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En un comunicado, la empresa pública Petroecuador informó de que levantó la cláusula de Fuerza Mayor y «de esta forma reinició las exportaciones de crudo».
Esta decisión se tomó una vez que la producción de petróleo recuperó sus volúmenes y por ende la operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) también se normalizó, señala la nota oficial.
Añade que todas las exportaciones que fueron suspendidas serán reprogramadas en los próximos días para, de esta forma, cumplir con todas las obligaciones que mantiene la empresa pública.
Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, destacó que «durante la emergencia que vivió el país, la empresa no descuidó ninguno de los compromisos que mantiene, tanto a nivel nacional como internacional».
«No tuvimos inconvenientes por estos retrasos y esto se debe a que todo el equipo que conforma la empresa trabajó de manera integral, las 24 horas, todos los días», anotó.
Desde que se declaró la Fuerza Mayor, el pasado 9 de octubre, todas las empresas internacionales que mantienen un contrato para la comercialización de hidrocarburos fueron notificadas, por lo que Petroecuador mantuvo una comunicación constante con las mismas, finaliza la nota.
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Ecuador vivió once días de protestas (del 3 al 11 de octubre), varias de ellas violentas, por la eliminación del subsidio a los carburantes adoptada por el Ejecutivo en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las protestas, que dejaron al menos seis fallecidos, cientos de heridos y millonarias pérdidas materiales, terminaron cuando el Ejecutivo anunció la derogación del polémico decreto 883 sobre la eliminación de los subsidios.
Tanto el Gobierno como los líderes indígenas atribuyen a «grupos infiltrados» el alto nivel de violencia, nunca antes visto en Ecuador, y que, entre otros, se evidenció en la quema del edificio de la Contraloría General del Estado, daños a vehículos y saqueos a comercios.
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